Dijo que, en la anterior legislatura, Cs estuvo trabajando de “forma muy intensa” en una iniciativa similar y “por fin hemos llegado a tener un proyecto sólido y consolidado que vamos a presentar esta misma semana”.

“Para nosotros es un proyecto fundamental en esta legislatura y esperamos que el resto de grupos apoye algo que es absolutamente necesario”, dijo Zafra.

En la exposición de motivos de esta iniciativa se expone que “las personas que trabajan para una organización pública o privada, o están relacionadas con ellas por sus actividades laborales, son muchas veces las primeras en detectar amenazas o posibles perjuicios para el interés público”.

Asimismo, se señala que “al comunicar posibles infracciones del derecho, dichas personas actúan como denunciantes desempeñando un papel clave para investigar y prevenir infracciones protegiendo, con ello, el bienestar de la sociedad”.

Sin embargo, se añade en el texto de la propuesta, “los potenciales denunciantes podrían renunciar a comunicar sus preocupaciones o sospechas por miedo a represalias contra ellos, por lo que resulta de suma importancia el reconocimiento y prestación de una protección equilibrada y efectiva de los mismos”.

Cs considera que “mejorar la protección de los denunciantes, con mecanismos eficaces que generen confianza, favorecerá la alerta temprana y la disuasión de posibles infracciones en los diferentes ámbitos, y a la vez, dará seguridad jurídica proporcionando una defensa adecuada ante las situaciones de vulnerabilidad en las que pudiera encontrarse la persona de facto o a efectos laborales”.

Esta ley pretende “dar respuestas, estableciendo un marco de protección integral de todos los denunciantes de las amenazas y perjuicios en el ámbito del sector público de la Comunidad de Madrid, creando un canal interno de denuncia, por ser, como especifica La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, 'el mejor modo de recabar información de las personas que pueden contribuir a resolver con prontitud y efectividad los riesgos para el interés público', velando por los derechos que asisten a los denunciantes, así como de su investigación”.

Por otro lado, Zafra explicó que su grupo también defenderá en el Pleno del próximo jueves una proposición no de ley instando al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que inste al Ejecutivo central Gobierno a que “mantenga la referencia al castellano, lengua oficial y común de todos los españoles, como lengua vehicular en la enseñanza en todo el Estado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tal y como establecen la Constitución Española, las sentencias judiciales y los tratados internacionales”.