Así lo manifestó el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, durante el transcurso de una reunión de la Mesa Multilateral sobre el futuro de la planta de Alcoa en San Cibrao, celebrada esta tarde mediante videoconferencia.

Blanco denunció la "cerrazón" de la empresa que "lleva a una situación cruel para trabajadores y sus familias" e insistió en que tanto el Gobierno de España como la Xunta de Galicia tienen "voluntad de diálogo para alcanzar una salida industrial y social".

Explicó que el Ministerio de Industria ha enviado a la empresa un trámite de alegaciones previo a la posible denegación de ayudas correspondiente al ejercicio 2020, al entender que no tiene derecho a ellas estando sobre la mesa el fin de las actividades.

“A raíz del juicio sobre medidas cautelares recientemente celebrado, hemos constatado que Alcoa tiene intención de cerrar total o parcialmente la planta, lo que podría ser incompatible con la recepción de ayudas de las administraciones”, señaló.

Frente a ello, resaltó que el resto de las partes piensan que "hay una alternativa al cierre" y manifestó estar "abierto a escuchar". "Pero necesitamos la concurrencia de la empresa, ya que su cerrazón lleva a una situación cruel para trabajadores y sus familias y con impactos que van más allá de la industria lucense, afectando a otras industrias nacionales”, añadió.

Según informa el Ejecutivo central, Blanco ofreció "volver a estudiar los puntos discordantes que manifestó Alcoa, abriendo totalmente la negociación punto por punto antes del 3 de diciembre, fecha en la que se juzgará el ERE presentado por la empresa".

Por último, recordó el “éxito sin precedentes” para los trabajadores de la planta de Alcoa el auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que el pasado 4 de noviembre ordenó mantener la actividad de las cubas en Alcoa.

En su opinión, se trata de "un buen precedente que permite mantener activa la planta y preservar los puestos de trabajo, una posición que siempre ha defendido el Gobierno de España desde el inicio del conflicto laboral”.