Esta petición se produce ante la declaración como imputado del director general de Vandellós II, José Antonio Gago, por el funcionamiento de la central durante 17 días en 2018 con, al menos, dos fugas en la barrera de presión, según informó Greenpeace.

"La energía nuclear no es necesaria ni segura. la Administración pública debe replantearse seriamente el cierre inmediato de las centrales nucleares antes de la fecha marcada en Ascó I (2030), Ascó II (2032) y Vandellós II (2035), tras su prolongación acordada según el protocolo de intenciones firmado por el Ministerio y los propietarios”, apuntó Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) del pasado 6 de noviembre aprobó remitir al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico dos apercibimientos a la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV), calificados como infracción leve por incumplimiento de la Ley sobre Energía Nuclear, de 1964.

El primer apercibimiento corresponde a la central nuclear Vandellós II “por incumplimiento del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos y del combustible gastado y de la Instrucción Técnica Complementaria nº4 asociada a la autorización de explotación, tras detectarse la reclasificación radiológica de una zona de almacenamiento de residuos de manera inadecuada”.

El segundo apercibimiento es para la central nuclear de Ascó “por incumplimiento del Plan de gestión de residuos radiactivos y del combustible gastado tras detectar, en una inspección, incumplimientos en procesos de gestión de residuos radiactivos de baja y media actividad y del material contaminado potencialmente desclasificable".

En 2008, los tribunales multaron a ANAV con 15 millones de euros por la liberación de partículas radioactivas en Ascó I, donde cientos de personas tuvieron que realizarse pruebas para descartar haberse contaminado radiactivamente. En 2004, Vandellós II ocultó información sobre un grave problema de corrosión en los sistemas de refrigeración y que estuvo durante 161 días funcionando con los márgenes de seguridad reducidos, motivo por el cual pagó una multa de 1,6 millones de euros, según Greenpeace.

Esta organización ecologista indicó que los beneficios económicos de las centrales nucleares "no revierten en la población". Así, el PIB por habitante de la Ribera del Ebro, que soporta de cerca riesgos nucleares para la salud y el medioambiente, es de 51.100 euros, mientras que la media en Cataluña es de 31.200 euros.

“Mientras el territorio produce mucha más riqueza que otras zonas en términos de PIB, la población de los alrededores es de las más pobres de Cataluña, pues la riqueza económica no sale fuera de la estructura empresarial”, indicó Víctor Álvarez, coordinador de GETE-Ecologistes en Acció.