El Ejecutivo se comprometió en julio ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a aprobarla lo antes posible, pero las entidades temen que la tramitación vuelva a paralizarse.

“Es imprescindible para asegurar el disfrute de todos los derechos sin discriminación. Mientras no se apruebe, España estará en deuda con la igualdad”, alertaron las organizaciones de la alianza, entre ellas Cruz Roja, Cear o la Fundación Secretariado Gitano.

Las ONG aseguraron no tener conocimiento de que haya ninguna propuesta legislativa trabajándose en el Congreso, tampoco de que vaya a crearse un proceso de consulta para que esta ley incorpore un “enfoque interseccional”.

La primera versión de esta ley se remitió al Congreso de los Diputados en 2011, tras más de dos años de trabajos preparatorios en los que participaron varias ONG, aunque su tramitación se vio frustrada por la convocatoria de elecciones.

La ley pretende ahondar en la lucha contra todas las formas de racismo y está, según las entidades, “estancada desde hace más de 10 años”, mientras persisten “las situaciones de discriminación a las que se enfrentan en su día a día las personas con las que trabajamos, que sufren vulneraciones diarias de sus derechos y que, en la mayoría de las ocasiones, no pueden responderse de manera efectiva”.

Como ejemplo, las entidades señalaron casos en los que superiores jerárquicos de una empresa instan a sus empleados a no dar servicio a personas pertenecientes a determinados grupos, o cuando particulares se niegan a alquilar una vivienda a personas gitanas o de origen migrante. “Todas estas situaciones no pueden denunciarse, simplemente porque nuestra normativa no las sanciona”, concluyeron.