"Este impacto, que se viene detectando en los últimos años, se está viendo incrementado como consecuencia de la pandemia, en la que, a causa de la masiva destrucción de empleo y de medios de vida, está empujando a la irregularidad sobrevenida a muchas de estas personas, quienes, al dejan de tener un empleo fijo, se ven abocadas a una situación administrativa irregular, a la pérdida de derechos y a unas condiciones de gran vulnerabilidad e invisibilidad social", añade Cáritas.

Según los últimos datos de actividad aportada por las Cáritas Diocesanas de toda España, un tercio de las personas acompañadas a través de sus programas y recursos para inmigrantes están en situación administrativa irregular. Se trata de unas 120.000 personas que, además, debido a su extrema precariedad, necesitan del apoyo de Caritas durante una media que oscila entre uno y dos años.