Según consta en la referencia del Consejo de Ministros, el convenio pretende ser un tratado internacional que establezca un marco genérico de cooperación en materia de seguridad y en la lucha contra la delincuencia transnacional, lo que no impedirá que después pueda ser desarrollado por memorandos de entendimiento, protocolos y programas, si las circunstancias así lo requieren.

El convenio responde a la preocupación que comparten ambos países por el alcance de los fenómenos delincuenciales y por el reto que suponen para la seguridad el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el terrorismo y las nuevas formas de delincuencia.

El convenio establece también las condiciones para proceder al intercambio de información e incluye un apartado sobre protección de datos.