El documento, con horizonte 2025, persigue capacitar a los consumidores europeos para convertirlos en “motor” y protagonistas “activos” en las transiciones ecológica y digital. Así, está centrado en la transición ecológica, la transformación digital, el respeto efectivo de los derechos del consumidor, la cooperación internacional y la atención a las necesidades específicas de los consumidores vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad, mayores y menores.

En concreto, define “prioridades” y acciones “fundamentales” que deben adoptarse en los próximos cinco años, junto con los Estados miembros, a nivel europeo y nacional y, entre otras cuestiones, también impulsará el desarrollo de apoyo normativo, asistencia técnica y desarrollo de capacidades para las regiones asociadas de la UE, en particular en África.

El documento contempla también una nueva propuesta legislativa destinada a proporcionar “mejor” información sobre la sostenibilidad a los consumidores, adaptando la legislación vigente a la transformación digital.

El comisario de Justicia y Consumidores, Didier Reynders, defendió que los consumidores europeos deben estar capacitados para tomar "decisiones sostenibles y tener la seguridad de que sus derechos estarán protegidos en cualquier circunstancia”.

El comisario se mostró convencido de que la nueva agenda introduce medidas que fomentarán una sociedad digital y ecológica “justa”, teniendo en cuenta que el comportamiento de los consumidores “trasciende” las fronteras de los Estados miembros.

La vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, aseguró que se trata de capacitar a los consumidores para que desempeñen “su papel” en las transiciones ecológica y digital al tiempo que se garantiza que la normativa europea de protección de los derechos de los consumidores siga estando “en consonancia” con la realidad digital.

La Comisión espera mantener un “amplio diálogo” con todas las partes interesadas sobre las prioridades y acciones, así como sobre los métodos de cooperación para promover la protección de los consumidores en los próximos años.

Con respecto a la pandemia, analizará el impacto a largo plazo del Covid-19 sobre las pautas de consumo de los europeos y sus conclusiones serán la base de futuras iniciativas políticas.