Así lo revela el Informe de Actualización de Indicadores 2020 de pobreza energética publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, documento que recoge los datos de 2019 para mejorar el conocimiento y el abordaje de esta problemática y cumplir con el compromiso adquirido tras la aprobación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 (ENPE).

El análisis realizado muestra una mejora en todos los indicadores utilizados para medir este fenómeno con respecto a 2018, que se sitúan en valores similares o inferiores a los de 2016, tras el repunte observado en 2017.

Según el informe, el 10,6% de los domicilios estaban afectados por la pobreza energética escondida, lo que implica un gasto energético absoluto inferior a la mitad de la mediana nacional. Este valor ha disminuido 0,4 puntos porcentuales con respecto a 2018.

Por su parte, el 7,6% de la población tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno, cifra que mejora 1 punto porcentual y medio con respecto a 2018. Asimismo, un 6,6% de la población tuvo retrasos en el pago de facturas de suministros de la vivienda, un valor que refleja el mayor descenso de los últimos años: 0,6 puntos porcentuales.

Tanto el gasto desproporcionado como el porcentaje de hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada en invierno reflejan el nivel de eficiencia energética de los hogares, mientras que la pobreza energética escondida y el porcentaje de hogares con retraso en el pago de facturas están directamente relacionados con la necesidad de una medida prestacional a corto plazo que garantice el suministro eléctrico.

El Gobierno se comprometió a la actualización periódica de los indicadores de pobreza energética con objeto de mejorar el conocimiento sobre este problema, profundizar en la realidad social del país y mejorar su abordaje mediante el diseño de medidas eficaces que ayuden a combatirla.