Según Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España, “somos conscientes de que en 36 horas han llegado alrededor de 2.500 personas al puerto canario de Arguineguín -más de 11.000 en las últimas semanas al archipiélago- y que se está haciendo un gran esfuerzo por seguir los protocolos sanitarios derivados de la pandemia, pero las autoridades no pueden obviar sus obligaciones legales”.

“Las devoluciones pueden entrañar peligros para las personas migrantes en el país de tránsito o de destino y muchas de ellas huyen de la guerra y la persecución. Además, tienen derecho a protección internacional", aseguró.

Tramitar órdenes de expulsión en el puerto, sin que los afectados hayan accedido a una adecuada e individualizada asistencia letrada para informarse sobre sus derechos, incluido el de pedir protección internacional, con traductores y en espacios habilitados, “supone una grave irregularidad a la que se debería poner fin de inmediato”, reclamó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

A su juicio, cientos de personas podrían enfrentarse a una devolución sin tener la oportunidad de pedir asilo, lo que contraviene el derecho internacional. Por ello, exigió al Gobierno “establecer un mecanismo urgente de emergencia y asegurar una adecuada atención a todas estas personas para que se garanticen sus derechos y se identifique a las más vulnerables, entre ellas posibles víctimas de trata”.