El acuerdo aprobado hoy permite a la Comunidad de Madrid garantizar la continuidad de este recurso, que dispone de 52 plazas para cubrir las necesidades de alojamiento y soporte social de personas con enfermedad mental grave y duradera.

De estas 52 plazas, 24 corresponden a la residencia comunitaria que aloja a personas cuya enfermedad ha deteriorado su autonomía personal y social. Además, dispone de otras 12 plazas en tres pisos supervisados ubicados en viviendas en las que conviven personas con un suficiente nivel de autonomía y que no cuentan con apoyo familiar.

A las plazas de estos recursos propios de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad se suman otras 16 en pensiones u hostales, que deberán ser aportadas por la entidad que resulte adjudicataria de este contrato de servicios y estar ubicadas en Madrid capital.

Estas plazas ofrecen alojamiento y cobertura de necesidades básicas a personas con buen nivel de autonomía pero que no cuentan con apoyo familiar y recursos económicos, con el objetivo de evitar procesos de marginación y exclusión social y facilitar el seguimiento de los residentes por los servicios de Salud Mental.

Entre los criterios a valorar para la adjudicación de la gestión de este servicio figuran el desarrollo de actividades deportivas y de perspectiva de género para los residentes o de programas de formación específica para el personal de la residencia.