Así lo argumenta el Grupo Popular en la enmienda a la totalidad en la que pide la devolución de las cuentas públicas al Gobierno. Según el PP, de aprobarse en sus actuales términos, las cuentas públicas “tendrán un impacto aún más depresivo y desmoralizador sobre la deteriorada confianza económica y sobre las ya mermadas expectativas sociales de una rápida recuperación del crecimiento, el empleo y el bienestar”.

“Por tercera vez en el último cuarto de siglo, un Gobierno socialista vuelve a arrebatar a España su lugar en el vagón de primera de la locomotora europea. Por tercera vez, la irresponsabilidad de un Gobierno socialista aboca a los españoles a un lago periodo devaluatorio de crisis, paro y recortes”, advierten desde la formación de Casado.

Como primer fundamento de esta enmienda a la totalidad, el PP opina que las cuentas de ingresos y gastos públicos para 2021 son ya “pasto de una obsolescencia autoprogramada, pues se asientan en los pies de barro de unas previsiones macroeconómicas superadas por la realidad”. “Desgraciadamente, al optimismo del Gobierno hay que añadir la fiscalidad confiscatoria a las clases medias que transpira por todos los poros de este proyecto de ley”.

Para el Grupo Parlamentario Popular, este proyecto presupuestario es “un ejemplo revelador de la voracidad recaudatoria que deprime el consumo, penaliza el ahorro, ahuyenta la inversión y socava la competitividad de las empresas y la capacidad de un país para crear empleo”.

En su enmienda a la totalidad, el PP subraya que el proyecto de PGE está “caracterizado por unas previsiones macroeconómicas y de ingresos superadas por la realidad y por unas recetas fiscales rebosantes de dogmas ideológicos”. A su juicio, deja la salida de la crisis “en las manos exclusivas de los fondos europeos de recuperación, cuya recepción no está prevista al menos hasta finales de 2021”.

Es más, el Grupo Parlamentario Popular sostiene que el Ejecutivo ha decidido “hurtar el debate parlamentario al Congreso de los Diputados a través de una tramitación expeditiva del proyecto de ley”. “Este nuevo rodillo al Parlamento es coherente con su política de tierra quemada institucional”, censura.

En esta línea, el PP denuncia que este proyecto presupuestario “acaba con la solvencia de la política económica española, muy dañada ya desde los primeros compases del Gobierno de Pedro Sánchez”. “Echa por tierra los sacrificios que tuvo que hacer la sociedad española para superar los excesos, la crisis y los desequilibrios dejados como herencia por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero”, apostilla.

“Marca una ruinosa línea continuista entre ambos gobiernos de izquierdas: subidas de gasto estructural y de impuestos, incrementos de déficit y deuda. Las mismas fórmulas injustas, las mismas recetas fracasadas”, incide el PP, antes de valorar que el Gobierno “paga peajes inaceptables extrapresupuestarios a los socios rupturistas”.

Menta aquí “el intervencionismo público en la fijación de precios de alquileres de la vivienda” o “la exclusión del castellano como lengua vehicular del sistema educativo”. Además, sostiene que el actual proyecto presupuestario “pone en grave riesgo la sostenibilidad a medio plazo de nuestras cuentas públicas y, como advierte el Banco de España, sitúa a España en el disparadero de años de recortes y ajustes”.

A falta de dos meses para el cierre del ejercicio 2020, el PP recalca que “España asiste a una contracción económica sin precedentes desde la guerra civil española (-8,7% interanual hasta septiembre), que habrá volatilizado, a 31 de diciembre, más de 130.000 millones de euros de riqueza nacional”.

“A día de hoy, ya ha causado el cierre de más de 91.000 empresas y la destrucción de más de 700.000 empleos (sin contar los 600.000 trabajadores en ERTE)”, contextualizan desde el PP, a lo que unen que “nuestro castigado tejido productivo afronta, por si fuera poco, un inquietante horizonte de seis meses de restricciones asociadas al nuevo estado de alarma”.