La iniciativa legislativa de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal fue registrada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, haciéndose eco la formación naranja de una propuesta trasladada por Cermi Madrid que, además, supone una reivindicación histórica de todo el sector de la discapacidad en España.

Tras la toma en consideración, la proposición de ley será debatida y votada en la Asamblea de Madrid y, si es aprobada, pasaría al Congreso de los Diputados, Cámara que tendría que pronunciarse sobre su admisión, y si es positiva, continuaría su tramitación parlamentaria como cualquier otra iniciativa legal en las Cortes Generales.

“El propósito de presentar en la Asamblea de Madrid esta iniciativa es lograr que en su momento pueda llegar al Congreso de los Diputados, al ser una materia de competencia estatal, pues la Constitución Española permite a los parlamentos autonómicos plantear a las Cortes Generales propuestas normativas sobre legislación reservada al Estado, para su toma en consideración y adopción en su caso”, afirman Cermi Madrid y Cermi Estatal.

El movimiento Cermi explica que “se ha seguido este trámite legislativo, ya que ningún Gobierno ni ningún partido de las Cortes Generales ha atendido esta demanda del sector de la discapacidad”.

Este mismo camino legislativo ya se siguió con la histórica reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que extendió el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, sin excepciones, que se presentó en la Asamblea de Madrid por parte del Grupo Socialista a demanda del movimiento Cermi y terminó siendo aprobada por unanimidad de las Cortes Generales (Congreso y Senado).

“En toda España, más de 100.000 personas, con discapacidad y mayores, están permanentemente confinadas en sus viviendas, y no por la pandemia de Covid-19, sino por la ‘epidemia de la falta de accesibilidad de las viviendas’. Por ello, estas reformas, incluidas las de mayor coste como puede ser la instalación de un ascensor, deben ser obligatorias, al igual que sucede con otros gastos a los que las comunidades de propietarios no pueden negarse por mandato legal”, sostienen Cermi Madrid y Cermi Estatal.