La APM destacó que el "periodismo tiene como una de sus principales obligaciones la búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad para difundirla" y que, en este sentido, "cualquier propuesta para luchar contra la desinformación es bienvenida" pero pone "serios reparos a las herramientas anunciadas para esa lucha porque deja en manos del Gobierno de la Nación una función que debería gozar de independencia frente a los poderes públicos".

Por lo que advierte de que "el riesgo obvio es que un organismo del tipo que se propone funcione más como censor que como garante de la verdad". "Los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de información pueden quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos. La libertad de prensa, consagrada en la Constitución española, es una condición inexcusable para la supervivencia de cualquier sistema democrático".