Durante un encuentro sobre ‘El derecho de las personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones: reformas legales’ organizado por la agencia de noticias Servimedia, estos cuatro expertos expusieron su respaldo al Proyecto de Ley que busca modificar la legislación civil y procesal en materia de capacidad jurídica, cuya importancia será “definitiva” en opinión de todos ellos.

Esta reforma busca terminar con la incapacitación judicial y en su lugar promover todo un sistema de apoyos individualizados para que sean las propias personas con discapacidad intelectual quienes tomen sus decisiones “de manera autónoma e informada”.

Como miembro de la Comisión General de Codificación (organismo que asesora al Ministerio de Justicia), Mari Paz García ha participado en la redacción del anteproyecto de ley, que pretende “traer al ordenamiento jurídico español el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que nuestro país se apresuró a firmar pero que lleva 12 años de retraso en implantar”.

A su juicio, “esto tiene una importancia inmensa”, pues “viene a reconocer lo que siempre debió de ser, que una persona con discapacidad tiene plena capacidad jurídica en cuanto a derechos y en cuanto a su ejercicio”. “Acaba con la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar”, magnitudes ambas que hasta ahora se podían modificar y limitar según el actual código civil, e impide suprimirlas.

Para la fiscal Rosa Rubio, esta reforma supone “abandonar el enfoque médico rehabilitador que hasta ahora había primado en el tratamiento de las personas con discapacidad y evolucionar hacia un enfoque social, en el que se entiende que toda persona es titular de derechos y que, en ocasiones, la sociedad impone barreras a su ejercicio”.

De ahí se deduce que es “deber de los poderes públicos proporcionar una serie de apoyos a aquellas personas que lo precisen para que puedan ejercer dichos derechos como el resto de ciudadanos”, recalcó García. Por eso, “hablaremos de apoyos de mayor o menor intensidad, siempre ajustados a las necesidades individuales de cada persona y a las situaciones, pero nunca más de sustituir su voluntad".

Según la fiscal, esto supone “un cambio radical en la manera de pensar de todos los que nos dedicamos a esto, juristas y sociedad en general”. Rubio explicó que los enfoques en la protección de personas con discapacidad evolucionaron de una perspectiva médico rehabilitadora a la protección de su interés superior, pero que “de lo que se trata ahora es de proteger su voluntad, sus gustos y preferencias”.

En otras palabras, “esto supone reconocer el derecho de las personas con discapacidad a equivocarse”. Rubio se mostró consciente de la dificultad que todo esto entraña, pues “venimos de una sociedad tradicional y católica, proteccionista y muy tuitiva, y nos va a costar mucho permitir que nuestros seres queridos se equivoquen”.

Sin embargo, reflexionó, “decimos que errar es humano y todos nosotros nos equivocamos 100 veces al día”. Por ello “hace falta mucha pedagogía”, y admitió que esta reforma “supone un salto al vacío”. “Ahora mismo, los límites de este derecho a equivocarse son muy estrechos, pero en cinco años veremos estos límites mucho más amplios”, vaticinó.

Cabello de Alba insistió también en la necesidad de “hacer pedagogía” y de “cambiar las actitudes de la sociedad, de los juristas y de las propias familias”. Explicó que el actual Código Civil ya permitía “la posibilidad de graduar las sentencias e imponer curatelas con apoyos” en lugar de las incapacitaciones judiciales que suprimen por completo la capacidad jurídica y de obrar de las personas, y que, sin embargo, lo general era decretar estas últimas.

“Esto se debe a las inercias jurídicas, y es precisamente lo que ahora debemos evitar”. Reclamó por ello que la posibilidad de dictar curatelas representativas, que el proyecto de reforma permite de manera excepcional, “no se termine por convertir en la norma”.

“Debemos estar vigilantes para luchar contra estas inercias y estar atentos en su tramitación para evitar que se cuelen cortapisas que van en contra del espíritu general de la ley, que es muy positivo”. A su juicio, “las únicas cortapisas que se deben introducir” tienen que servir para salvaguardar los derechos de estas personas”.

PIDEN CONSENSO

En este sentido, Florentino González indicó que “en sus términos actuales, el proyecto no colma todas las expectativas de las familias”, aunque sí es eminentemente bueno. Existe a su entender “cierta prisa” en su tramitación, y pidió “calma para pulirlo y sacarlo adelante con el consenso de expertos y del sector”.

“Parece que ahora, tras años de retraso, se quiere correr para tenerlo listo el 3 de diciembre (Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, bromeó. “Nosotros decimos que no pasa nada por esperar seis meses y sacarlo en mayo”, pues más vale “no quedarnos a medias”.

Entre otros puntos, criticó la creación de un libro especial en el registro de bienes inmuebles (prevista en el borrador), donde se daría publicidad a los actos comerciales en que incurran estas personas. En su opinión, se trata de “un auténtico despropósito”, que además puede “suponer una discriminación por motivo de discapacidad”.

El directivo de Fundación Aequitas sostuvo la misma idea y señaló que tal previsión tampoco supone “una protección extra para estas personas”. Los actos jurídicos como casarse, realizar una compra o una venta, aceptar una hipoteca “se certifican cuando una persona presta su consentimiento”, explicó. “Es ahí donde se tiene que vigilar, no cuando se inscriben en el registro”. Además, la publicidad que implica figurar en el registro de Bienes Inmuebles entraña “un peligro para la intimidad de sus datos”, a los que pueden acceder inmobiliarias y muchos intereses particulares.

MEDIDAS VOLUNTARIAS

Otro de los aspectos controvertidos de la reforma tiene que ver con la ya mencionada posibilidad de dictar curatelas representativas, que en la práctica vienen a suponer la supresión de la voluntad del interesado, y la escasa atención a los apoyos que la persona puede acordar de forma voluntaria.

Para Mari Paz García, se necesitaría reformar los artículos centrales del proyecto, en especial el 253, con el objetivo de dar mayor prioridad a estos apoyos. Valoró que la nueva ley parece ocuparse solo de las medidas ex ante, esto es, de aquellas que se dictan en previsión de una futura incapacidad, pero que presta poca atención a las medidas que la persona decide ahora mismo, en este momento. Por eso, convendría que todo ello quedase más claro.

Asimismo, defendió mejorar las previsiones para que las curatelas representativas se ejerzan en muy pocos casos. “Porque si nos limitamos a cambiar tutela por curatela representativa, estaremos haciendo como Lampedusa: cambiarlo todo para que nada cambie”.

Por eso hay que hacer mucha pedagogía, insistió, ya que cuando se comprenden las claves del sistema, uno se tiene que convertir, como san Pablo cuando se cayó del caballo. “Si las personas con discapacidad tienen todos los derechos, entonces deben ser capaces de decidir”, argumentó, y “no podemos quitarlas del medio porque estorben el tráfico jurídico”.

Rosa Rubio apuntó que esto supone “respetar su voluntad y preferencias” y, en el caso de aquellas personas que no puedan expresarse, ser capaces de interpretar qué es lo que hubiesen querido a partir de sus actos y manifestaciones anteriores. Si nunca han podido expresar su voluntad, “deberíamos deducirla a partir de su personalidad y preferencias”, declaró.

Por eso, las fundaciones tutelares se convertirán en entidades que prestan apoyo y asistencia a estas personas, según explicó el directivo de Fundación Aequitas, Federico Cabello, aunque seguirán siendo necesarias. “Lo prioritario de esta reforma es el respeto absoluto por la autonomía de la voluntad”, y ahora es el momento de “pulir el proyecto de ley para garantizarlo al máximo”, concluyó.