Así lo indicó este martes el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, durante la presentación de resultados, donde explicó que los ICO se diseñaron con plazos de hasta cinco años y con uno de carencia cuando aún se debatía si la recuperación económica sería en V o L y sin visibilidad alguna sobre su evolución.

Sevilla valoró la medida aprobada por el Gobierno de “fenomenal”, así como el “estupendo trabajo” efectuado por el ICO para poner en marcha la línea, “que tuvo que ir a toda velocidad para montar nuestra estructura” y que la banca pudiera dar liquidez a las empresas.

Sin embargo, y a tenor de la actual situación indicó que se abre una dificultad ya que, “en la medida en que la recuperación económica se retrasa en el tiempo y no estamos en esa situación de V acelerada que veíamos al principio” las empresas tendrán más dificultades para atender la amortización de sus préstamos.

Son empresas viables que pueden acabar encarando una “dificultad de estructura financiera” al haber aumentado su deuda” y necesitarán respuestas. “El debate es cómo damos un marco flexible para modificar las condiciones de los préstamos”, explicó, subrayando que el riesgo es que “una situación de crisis de liquidez se pueda llegar a convertir en una crisis de solvencia para algunas empresas”.

En la banca está resuelto y están “acostumbrados a refinanciar y a reestructurar operaciones empresariales de financiación”, alargando plazos para que puedan devolver la deuda o, incluso, con reestructuraciones más complejas donde pueden llegar a asumir, incluso, quitas.

El problema es que esta opción no está abierta para los créditos avalados por el ICO ya que su marco de actuación “es relativamente rígido” y se encuentra además “condicionado” por el esquema de ayudas de Estado y, por tanto, en esta discusión también está el Gobierno en conversación con la Comisión Europea.

Se trata, dijo, de “buscar un marco de sensibilización y de tratamiento flexible” de esos créditos en aquellas compañías que puedan tener dificultades. En este punto indicó que habrá compañías que no lo necesiten y puedan atender los pagos “con normalidad” y otra parte de las empresas, que confió que sea “la menor posible”, a las que habrá que “darles una solución”.

En la actualidad refirió que los impagos con otras operaciones avaladas por el ICO en el banco son “inmateriales, insignificantes, una anécdota”. “Pero aquí tenemos que prepararnos para el próximo año”, abundó.

En un sentido parecido se pronunció en cuanto a las moratorias, dado que las aplicadas para créditos al consumo tienen seis meses en el aplazamiento de las cuotas que empezarán a vencer ya a final de este año y que las hipotecarias son de doce meses y se verá también la capacidad de pago en la próxima primavera.

En moratorias indicó que apenas un 0,5% tienen retrasos en el pago más allá de los 90 días, pero el banco ya ha analizado su cartera y viendo indicadores de riesgo ha clasificado el 6% de la cartera en moratorias hipotecarias contablemente como dudosos.