En la práctica supone un tijeretazo de 8.000 a 2.000 euros en los límites de aportación a sistemas de previsión social individuales -contratados de forma directa por los ciudadanos-, incentivando su suscripción en los sistemas de empleo, contratados por compañías en favor de sus plantillas. Así el límite conjunto de reducción (para el trabajador o partícipe y empresa) sube de 8.000 a 10.000 euros.

Los cambios se introducen con motivo de los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 y la ministra portavoz y ministra de Hacienda explicó que van en línea con las recomendaciones de la Airef y la Comisión Europea.

Montero dijo que la medida va a afectar a un número reducido de contribuyentes que están aplicándose la reducción máxima.

Explicó que la mayor parte de los partícipes de estos planes de pensiones realizan aportaciones muy inferiores al límite actúal de reducción de 8.000 euros. Según la Airef, solo un 8% hacía aportaciones superiores a 4.000 euros y el 58% lo hacen por debajo de 1.000 euros.

El Gobierno se propone “incentivar que las empresas aporten a los planes de pensiones en el marco del diálogo social y la negociación colectiva”, añadió la titular de Hacienda. El Ejecutivo calcula que la medida tendrá un impacto de 580 millones de euros en 2022.