Al ministro se le atribuía en esa querella un presunto delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal por el llamado `Delcygate´. El ministerio público solicita la desestimación de los dos recursos de súplica presentados, la declaración de competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y la inadmisión de las querellas.

Los hechos sucedieron el pasado 20 de enero, cuando el ministro Ábalos se reunió en la sala VIP del aeropuerto madrileño con Delcy Rodríguez, cuyo vuelo había hecho una escala en espera de viajar a Doha.

En su informe, la Fiscalía considera que las acusaciones contra el ministro se basan en informaciones periodísticas y sostiene que no hay pruebas que demuestren que la intervención de Ábalos fue “más allá de lo estrictamente diplomático”.

La fiscal Ángeles Gillón asegura en su escrito que se desconoce, porque en las querellas no consta, “si el querellado, pese a su presencia en el lugar de los hechos durante cierto tiempo, tomó alguna decisión, es decir, no se individualiza la conducta concreta (...) Tampoco existen indicios de que su supuesta intervención fuera más allá del ámbito estrictamente diplomático, ausencia de indicios que no permite adentrarnos en el campo del delito”.

Así, la Fiscalía del Tribunal Supremo dice que “no existiendo indicios suficientes de que los hechos sean constitutivos de delito de prevaricación, así como su participación en los mismos,se inadmita a trámite la querella y se decrete el archivo de las actuaciones”.

Ambas querellas atribuían a Ábalos prestar autorización para que la vicepresidenta de Venezuela “atravesara el espacio aéreo español y aterrizara en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras”, pese a que “tenía prohibida su estancia y tránsito por el espacio europeo”.

El informe de la Fiscalía señala que las querellas están “basadas exclusivamente en artículos de prensa (especialmente Voz populi, edición digital) y en la “declaración notarial” de un trabajador que ni siquiera especifica su puesto de trabajo, todo ello sin concretar mínimamente la participación del querellado en los hechos imputados”.

En relación con el delito de prevaricación imputado por Vox y el Partido Leócrata, el informe señala que “pese a la naturaleza de este delito, los querellantes, al margen de sus opiniones y sospechas, no concretan cuál es la resolución injusta y arbitraria dictada por el querellado, ni cuáles son los indicios de participación del querellado en la decisión que cuestionan desconociéndose incluso quién la tomó, ni mucho menos las razones de la misma, defecto de especial trascendencia dado que el delito de prevaricación se reserva para sancionar supuestos límite, en los que la actuación administrativa no sólo es ilegal, sino además injusta y arbitraria”, de modo que “de las querellas no se evidencia ni el dictado de una resolución administrativa, ni mucho menos su injusticia y arbitrariedad”.

Insiste la Fiscalía en que no hay que olvidar que, “al parecer, la citada vicepresidenta no llegó a entrar en territorio español, sino que se mantuvo en la zona de tránsito hasta que partió en avión con destino fuera del espacio europeo (a Doha, Catar) y que conforme con el Reglamento Europeo y Consejo de 14 de noviembre de 2018, los ciudadanos de Venezuela están exentos de visado”.

Por todo ello, la Fiscalía del Tribunal Supremo concluye que no existen los indicios mínimos necesarios para tramitar en la Sala II una causa por delito de prevaricación, sin perjuicio del resultado de las investigaciones que se están llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid”.