Tal y como ya se hizo con el decreto de 10 de marzo de 2020, la fiscalía general del Estado pretende reaccionar mantener la prestación del servicio público, garantizando la atención al ciudadano y la salud tanto de los fiscales como de los ciudadanos. Por añadidura, informa la Fiscalía, las medidas puestas en práctica favorecen la conciliación.

El decreto prima la autonomía de los territorios y las jefaturas para ejercer sus competencias organizativas en función de la afectación del servicio público de la justicia y la evolución de la situación sanitaria. Establece como criterios de actuación la protección de la salud de la ciudadanía, de los fiscales y del personal funcionario de las diferentes fiscalías, así como el seguimiento escrupuloso de las recomendaciones sanitarias y la mejor prestación del servicio, muy particularmente, de los llamados servicios esenciales.

Se garantiza la continuidad de la atención al público a través de los medios telemáticos, así como la utilización de las nuevas tecnologías en la celebración de vistas o comparecencias. Asimismo, se suspenden las visitas de inspección presenciales realizadas por las distintas fiscalías territoriales.

El decreto pone el acento en la conciliación familiar y el aseguramiento a los fiscales de que la asistencia a las sedes fiscales y judiciales debe ir acompañada de la garantía de cumplimiento de las prevenciones establecidas por las autoridades sanitarias.

Asimismo, procede a adaptar las disposiciones de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, del Real Decreto-Ley de trabajo a distancia y finalmente del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.