La organización se ha dirigido al departamento de Alberto Garzón para pedirle que esta figura que pretende introducir en la normativa de defensa de los derechos de los consumidores sea “amplia, flexible y no se reduzca únicamente a criterios económicos”.

En este sentido, este lunes advirtió de que la vulnerabilidad de los consumidores tiene causas “muy variadas” que, a su entender, deben ser tenidas en cuenta a la hora de abordar la revisión normativa y entre las que citó condiciones como la discapacidad, el género o la edad.

Aunque reconoció que el nivel de renta es un indicador “relevante” a la hora de reconocer la condición de vulnerabilidad de un consumidor, la organizacion subrayó que la situación social, financiera o el lugar de residencia también son factores que pueden afectar al reconocimiento de la situación de vulnerabilidad de una persona.

La asociación ha cursado esta petición en el marco de las aportaciones que ha presentado al anteproyecto de reforma del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que pretende regular la figura del consumidor vulnerable en la legislación general, entre otras cuestiones.