El magistrado García Castellón inició esta ronda de declaraciones dentro del 'caso Villarejo' el jueves de la pasada semana. Su interés se centra en esclarecer los detalles de la supuesta operación auspiciada en 2013 para sustraer documentos sensibles para el PP a su extesorero Luis Bárcenas.

Esta serie culminará el próximo viernes, 30 de octubre, con el interrogatorio al exministro, justo un día después de que comparezca el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, del que se espera que dé detalles sobre la presunta operación de espionaje pagada con fondos reservados.

Los primeros en estar citados a declarar fueron el exdirector de comunicación del Ministerio Juan José Esteban y el sacerdote Silverio Nieto, un cura de vocación tardía, amigo íntimo de Fernández Díaz, y con estrechos vínculos con la cúpula policial. Antes de abrazar la fe, fue policía. Es amigo de Villarejo y era la persona que estaba con el excomisario Enrique García Castaño 'El Gordo', en el momento de ser detenido por la Unidad de Asuntos Internos en julio de 2018. Su comparecencia fue finalmente suspendida y no se ha señalado nueva fecha para su declaración.

Esa jornada, el juez también preguntó a Esteban en relación a las conversaciones que mantuvo en 2017 a través de whatsapp con Martínez. Esas conversaciones salieron a la luz en la investigación a raíz del volcado del teléfono móvil de este último.

MENSAJES

Fernández Díaz ha presentado recurso ante la Audiencia Nacional en contra de su imputación por delitos de malversación y revelación de secretos en el 'caso Kitchen', argumentando que “ni envió ni recibió” los mensajes de texto que constituyen “la única referencia concreta” que le vincula a la operación en la que está involucrado el excomisario José Manuel Villarejo.

El lunes compareció el exdirector de gabinete de Martínez, Jorge Sanchís Bordetas, que también fue llamado como testigo por tratarse de una persona "muy cercana" al 'número dos' de Interior, por lo que puede ofrecer "información relevante sobre la intervención del secretario de Estado en los hechos investigados". Igual ocurrió con Icíar Castro Álvarez, igualmente considerada cercana a Martínez, y cuyas comunicaciones intervenidas "evidencian que pudiera tener conocimiento de hechos relevantes".

El juez entiende que la declaración de estos cuatro testigos es fudamental para "profundizar en el papel de Francisco Martínez", del que se sospecha que podía haber tenido "una posición preeminente en la planificación y puesta en marcha del 'caso Kitchen'.

Así las cosas, declaraciones como imputados de Martínez y su jefe directo, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, bajo cuyo mandato se puso en marcha esta operación en 2013 que se cree, se prolongó hasta 2016, serán decisivas en la marcha de la investigación.

El juez cree que desde Interior "se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad".

En el recurso presentado por Fernández Díaz ante la Audiencia Nacional, su abogado, Jesús Mandri, sugiere que “lo más conveniente” sería que dejara de estar imputado y acudiera a declarar a la Audiencia Nacional en calidad de testigo.

Las evidencias que le vinculan a la supuesta existencia de una operación parapolicial con el fin de espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas son varios mensajes SMS sobre esa operación que habría intercambiado con el exsecretario de Estado Francisco Martínez, que levantó acta notarial para curarse en salud cuando vio que el ministro negaba tener dato alguno sobre el robo de información sensible para el PP a Bárcenas.

Según el recurso de Fernández Díaz, esos mensajes son “la única referencia concreta” que dentro de la investigación podría servir para implicarle. “Todo lo demás”, asegura, “son referencias genéricas, vagas, imprecisas, no sustentadas en indicios o elementos de los que pueda inferirse de una manera tangible, objetiva y concreta la participación en los hechos”.

La defensa de Fernández Díaz destaca que se le ha imputado sin comprobar la “autenticidad” de esos mensajes mediante un análisis pericial, dado que Martínez borró esos mensajes después de levantar acta notarial de su contenido y que ese tipo de actas tiene un limitado valor probatorio.

En cualquier caso, el recurso señala que el contenido de esos mensajes es “inverosímil y contradictorio” porque “resulta absurdo pensar” que el ministro del Interior conociera al detalle el contenido de los dispositivos electrónicos de Bárcenas e informara al secretario de Estado de Seguridad “y no al revés”.

El abogado de Fernández Díaz señala que su defendido nunca ha sido vinculado a la trama 'Gürtel', ni aparece identificado entre las personas que con distintos apodos aparecen en el sumario del 'caso Kitchen' por lo que concluye que no hay indicios de su vinculación a este caso.

Pero el recurso va más allá y apunta que “es un exceso interpretativo” asegurar que una supuesta operación para espiar a Bárcenas correspondió al Ministerio del Interior, cuando en los mensajes intercambiado se cita a los servicios de inteligencia del CNI, a los que llaman “cecilios”.

Sobre el supuesto pago de miles de euros al chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos, con cargo a los fondos reservados, el recurso insiste en que el control y la gestión de ese dinero corresponde al secretario de Estado de Seguridad.