Tras la reunión del Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria, el presidente informó junto al vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, de las medidas adoptadas, entre las que se incluye la solicitud de la declaración de estado de alarma como medida jurídica que ampare la limitación de movilidad, en aras de proteger la salud de los ciudadanos extremeños.

Fernández Vara señaló que había hablado con varios presidentes autonómicos que coincidían con él en la necesidad de este instrumento normativo, que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros.

Así, hizo hincapié en que limitar un derecho fundamental, como es la movilidad, no se podría hacer de otra manera, para garantizar que los tribunales puedan estar de acuerdo con la medida. El presidente sostuvo que ésta fue una decisión “extremadamente compleja”, que nunca había imaginado que pudiera llegar a tomar.

Vara también recordó en su intervención que “no puede haber salud sin economía, ni economía sin salud” y que la situación de la pandemia exige proteger la vida de la gente, a las empresas y los proyectos de vida de las personas.

Por su parte el consejero de Sanidad y Servicios Sociales destacó que tras la declaración del estado de alarma, se afinará en lo posible desde los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura, para contemplar que la reducción de la movilidad general en la citada franja horaria tenga excepciones, como los servicios esenciales, entre los que citó a los trabajadores de los servicios sanitarios nocturnos y las gasolineras.