Así lo defendieron el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez; la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, Patricia Bezunartea; la directora de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (Cepes), Carmen Comos; el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras (CCOO), Carlos Bravo; el presidente de la Red de Atención a las Adicciones, UNAD, Luciano Poyato y la vicepresidenta de la organización, Carmen Martínez durante la cuarta y última jornada del congreso virtual UNAD #MásRedQueNunca.

Su mesa central ha analizado el papel del Tercer Sector en el Estado del bienestar y en su intervención en ella, el presidente de Cermi defendió que en España “nunca ha habido un estado de bienestar” y que el país “ha llegado tarde a ese modelo”. “No podemos decir que algo que era completo, pleno, asegurado, en un momento entró en crisis”, sentenció, para precisar que, en la actualidad, “estamos asistiendo a las ruinas de algo que no llegó a consolidarse”.

No obstante, reconoció la “corresponsabilidad” por parte de los agentes políticos para “asegurar” para la ciudadanía unas condiciones de vida “que permitan un desarrollo vital digno”, si bien advirtió de que el Tercer Sector es un elemento de “civilización y civilidad que siempre es buena para la democracia”.

“Las organizaciones sociales damos esa sujeción, esa trama, esa conexión que facilita la organización política y social”, abundó, convencido de que el Tercer Sector “remueve obstáculos y murallas” que dificultan la participación y el ejercicio de sus derechos a colectivos que tienen “vedado el acceso a los bienes básicos”.

A su entender, este tipo de organizaciones son “un elemento de paz y convivencia social”, por lo que calificó de “paradoja” que el Tercer Sector esté “en situación de irrelevancia” y sea “muy poca cosa en la agenda política”. “Vamos a estar ahí y es mejor si estamos más robustecidos y fortalecidos porque seremos más eficaces y haremos de zapadores del bienestar”, sentenció.

En la misma línea, la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, Patricia Bezunartea, que inauguró el acto, puntualizó que el Tercer Sector “está llamado a seguir siendo un agente clave” en el Estado del bienestar y que su aportación y su trabajo durante la pandemia y la anterior crisis “ha sido de mucho valor”.

Bezunartea aseveró que la actual crisis sanitaria “ha puesto sobre la mesa el valor de los cuidados, de lo público y la solidaridad”. “El reto que nos pone es, conjuntamente, pensar otra forma de diseñar y concebir nuestro Estado del bienestar”, agregó, consciente del rol del Tercer Sector “para construir sociedad y facilitar la cohesión social” y de que “buena parte de los cambios de modelo han venido de este sector”.

“La administración necesita la visión crítica de los agentes sociales y su llamada de atención para que nunca nos desviemos de lo que está pasando en la sociedad”, apostilló, para subrayar la necesidad de colocar “la generosidad, la colaboración y la cooperación en el centro en este momento tan complicado”.

La directora de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (Cepes), Carmen Comos, reivindicó la colaboración público-privada de cara a una “reconstrucción justa y equitativa” e indicó que la pandemia “ha aflorado muchas debilidades del sistema”. “Somos más vulnerables de lo que nos imaginábamos y todo lo invisible se ha hecho mucho más visible”, añadió, para, a continuación, defender la urgencia de “universalizar” derechos como el derecho a la dependencia o a una vivienda digna.

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras (CCOO), Carlos Bravo, abogó por reforzar “de manera intensa” el sector sociosanitario en España y hacerlo “contando también con el Tercer Sector”. “Tenemos que avanzar muchísimo para poder abordar una prestación de servicios de calidad que hoy se está demandando”, espetó.

El encuentro, financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, también contó con la participación del presidente de UNAD, Luciano Poyato, y de su vicepresidenta, Carmen Martínez, quienes reconocieron que a la organización le “preocupa” la “crisis grave” en la que está inmerso el actual modelo de Estado del bienestar e incidieron en la importancia de garantizar una “mayor justicia social” para los sectores más vulnerables de la sociedad.