Erguido figura como investigado en el 'caso Púnica' por un presunto delito de prevaricación en relación a una serie de contratos suscritos por distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid gobernados por el PP con la empresa Waiter Music, dirigida por el empresario fallecido José Luis Huerta Valbuena.

Al tratarse de un aforado, Erguido debería ser investigado por el Tribunal Supremo, razón por la cual el titular de juzgado central de instrucción número 6, le ofreció la posibilidad de comparecer voluntariamente en la Audiencia Nacional para poder decidir después si mantiene la imputación y, en su caso, elevar exposición razonada al Supremo para que fuera el Alto Tribunal el que asumiera la instrucción.

Pero el senador popular ha preferido renunciar a su escaño en el Senado, no así en la Asamblea de Madrid, de manera que conserva su derecho a acudir a una segunda instancia judicial en caso de tener que enfrentarse a un juicio de ser condenado. Ahora la investigación puede seguir en manos del juez García Castellón.

El Grupo Parlamentario Popular ha propuesto a Paloma Adrados, actual vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid, como senadora autonómica por designación, en sustitución de Erguido y ya ha tomado posesión del escaño.

Los hechos por los que está siendo investigado Erguido se remontan al periodo en el que fue teniente de alcalde de Algete entre 2007 y 2014. Entonces se suscribieron contratos con Waiter Music para la organización de actos públicos, fiestas y eventos del PP, por un montante total cercano a los dos millones de euros.

Según la Fiscalía Anticorrupción, esta “cuantiosa cifra de adjudicaciones” es directamente atribuible a Erguido porque la alcaldesa en ese momento, Inmaculada Juárez, le hizo “responsable directo” de las contrataciones de eventos y festejos. Los contratos se realizaron sin pasar por el proceso de publicidad y adjudicación competitiva real, pero se guardaban las apariencias invitando a otras empresas “amigas” que el propio Huerta Valbuena supuestamente indicaba a los gestores municipales.

La Fiscalía entiende que los presuntos delitos de malversación y el de cohecho que podrían derivarse de la realización de eventos que nunca fueron pagados podrían estar prescritos, por lo que estima que sólo es posible continuar el procedimiento por un delito continuado de prevaricación.

El mismo día, el juez García Castellón ha citado también a declarar como imputados a Ángel Marcos Morante y María del Carmen Benito Saldaña.