En este caso, han anunciado la formulación de voto particular los vocales Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya, favorables a la inclusión en el acuerdo de una referencia a la importancia del respeto a la autoridad judicial, tal y como recoge el derecho europeo.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón puso en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que considera que está sufriendo en las redes sociales y en algunos medios de comunicación y que le sitúan en una situación de indefensión y de descrédito profesional.

El escrito de 9 de septiembre iba dirigido al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y en él denunciaba esa campaña que relacionaba con el envío al Tribunal Supremo de la exposición razonada por la que se somete a consideración del alto tribunal la investigación de dos aforados, el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria María Elizo, así como de otras cuatro personas.

En su escrito, García Castellón explicaba que esa campaña pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de “una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política”.

El magistrado indicaba que los mensajes contra su persona son “repetidos y amplificados" por muchos de los dirigentes, “entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación, que desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional”.

García Castellón adjuntaba a su escrito la denuncia que había presentado un día antes ante la Policía por la naturaleza y la gravedad de los mensajes vertidos contra su persona y que podrían revestir carácter de infracción penal.

Por último, el magistrado manifestaba que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se había visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel y recordaba que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo “no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida”.