La Cámara Baja decidió sobre la apreciación trasladada por el Gobierno de que “España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria”, siendo este el argumento para poder activar la cláusula de escape contemplada en el artículo 135 de la Constitución, que permite la suspensión de las reglas fiscales en situaciones de emergencia.

El citado artículo establece que “los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”.

De esta forma el Congreso da validez al anuncio del Gobierno de suspender las reglas fiscales para 2020 y 2021, en línea con la decisión tomada en marzo por la Comisión Europea de suspender el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, acogiéndose también a una cláusula de escape, para permitir a los estados miembros hacer frente a la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus. Esta suspensión de las reglas fiscales es necesaria para refrendar decisiones del Gobierno como la elevación del ‘techo de gasto’ de 2021 en un 53,7% así como para permitir que las distintas administraciones no estén sujetas a la regla de gasto y puedan incurrir en déficit o aumentarlo, quedando también suspendida la senda de estabilidad que fue aprobada en febrero.

PLAN PRESUPUESTARIO

A este respecto, las previsiones anunciadas por el Gobierno en el Consejo de Ministros en el que se aprobó el incremento del techo de gasto, y comunicadas el pasado jueves en el Plan Presupuestario enviado a la Comisión Europea, estiman que en 2020 el déficit cerrará en el 11,3% y que en 2021 bajará al 7,7%.

De esta cantidad, la estimación del Ejecutivo es que el próximo año el déficit de la administración central sea del 2,4%, el de las comunidades autónomas se sitúe en el 2,2%, el de la Seguridad Social en el 3%, y el de las corporaciones locales sea del 0,1%. Sin embargo, la intención del Gobierno es asumir mediante transferencias la mitad del déficit de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social, por lo que el déficit de la administración central sería del 5,2%, mientras que el de las autonomías quedaría reducido al 1,1% y el de la Seguridad Social al 1,3%.

Durante el debate, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó el “esfuerzo” del Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria y económica ocasionada por el Covid-19, con el aumento del gasto público que ello supone, y destacó la importancia de la suspensión de las reglas fiscales, “dando cumplimiento a un importante mandato constitucional para dar respuesta a circunstancias excepcionales”.

ACTUAR "CON RESPONSABILIDAD"

En cualquier caso, subrayó que el levantamiento de las reglas fiscales “no suspende la responsabilidad fiscal, por eso este Gobierno se ha comprometido a rebajar el déficit público para el próximo año”. “Estamos convencidos de que los dirigentes de comunidades autónomas y ayuntamientos no dejarán de actuar con responsabilidad”, agregó.

En cuanto a las críticas de otras formaciones políticas sobre que la suspensión de las reglas fiscales supondrá “despilfarro” y de que el ‘techo de gasto’ es demasiado alto, la ministra recordó que el dato homogéneo que realmente es comparable con el de años anteriores supone un aumento del ‘techo de gasto’ en un 7,2% y, por otro lado, preguntó a los autores de esas críticas “qué partidas de gasto quitarían” en estos momentos de pandemia del coronavirus. En este sentido, Montero también destacó que el Gobierno de coalición afrontará la crisis económica de forma opuesta a la austeridad con la que se resolvió la crisis económica de 2008, fortaleciendo el Estado del Bienestar, y aseguró que los ajustes fiscales previstos se harán “acompasando” el momento económico.

Por parte del PP, María Elvira Rodríguez, reconoció que “claro que estamos ante una situación catastrófica”, pero criticó que esto se debe también “a decisiones voluntarias del Gobierno que han incrementado el déficit estructural en una prueba de su irresponsabilidad fiscal”. Además, denunció que el Ejecutivo aproveche la activación de la cláusula de escape para no presentar unos nuevos objetivos de déficit y deuda para los próximos ejercicios. En cualquier caso, indicó que su grupo parlamentario no puede votar en contra “de lo que puede ayudar a que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan hacer frente a los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia”.

En representación de Vox, Iván Espinosa de los Monteros aseguró que “se nos ocurren pocas circunstancias tan claras para justificar la activación de la excepción prevista en nuestra Carta Magna”, en referencia a la pandemia del coronavirus, pero acto seguido destacó que el impacto de ésta en España “deriva de una gestión altamente negligente por parte de este Gobierno”, que catalogó como “la peor realizada en ningún lugar del mundo” e “incompetente”.

"CORSÉ PRESUPUESTARIO"

El diputado Txema Guijarro, de Unidas Podemos, resaltó la importancia de esta votación para “poner en suspenso parte del corsé presupuestario que ha imperado durante una década” y “como paso previo a unos Presupuestos que esta vez van mucho más allá de unas cuentas públicas anuales y que serán los mas importantes de los últimos 10 años y de la década que está por venir”. En este sentido, afirmó que la suspensión temporal de las reglas fiscales y la respuesta europea a la crisis del coronavirus supone la activación “de un freno de emergencia a una locomotora” que, indicó, fue iniciada con el tratado de Maastricht en 1992 y pone en duda la eficiencia del gasto público.

Por ERC, Joan Margall señaló como “evidente” la necesidad de suspender las reglas fiscales para hacer frente a una situación excepcional, por lo que anunció su voto a favor, destacando que la medida permitirá a los ayuntamientos disponer de los remanentes “acumulados durante años por culpa de unas leyes centralistas e injustas” y que “en momentos de recesión necesitamos políticas contracíclicas, más inversión pública y políticas expansivas”, en contraste con la austeridad impuesta frente a la crisis de 2008.

La diputada María Muñoz, de Ciudadanos, criticó el debate de esta cuestión sin que el Gobierno haya presentado “ni un borrador de Presupuestos” y preguntó si el Ejecutivo escogerá para las cuentas públicas “la vía rigurosa, moderada y eficiente de Ciudadanos, o la Frankenstein de independentistas y bilduetarras”. Sin embargo, aseguró el apoyo de su grupo parlamentario a la suspensión de las reglas fiscales ante la situación excepcional y criticó que “España está sufriendo una pandemia y PP y Vox se abstienen con una mano y con otra piden que se suspendan esas mismas reglas fiscales para los ayuntamientos y las comunidades autónomas donde gobiernan”.

También se mostró a favor del levantamiento de las reglas fiscales la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, al resaltar que “siempre hemos defendido la activación de las cláusulas de escape”, y criticó los cambios de criterio de la ministra respecto a la posibilidad de que los ayuntamientos puedan hacer uso de sus remanentes acogiéndose a esta medida.

En nombre de Bildu, Mertxe Aizpurua señaló el apoyo de su grupo parlamentario a la medida, pero apuntó que “el problema de fondo persiste”, ya que, agregó, aunque acaba con “el cerrojo” sobre los remanentes de los ayuntamientos, no resuelve el problema de aquellos que no los tienen, y pidió “voluntad política” al Gobierno para derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el artículo 135 de la Constitución.

En nombre de Junts per Catalunya, Ferran Bel indicó el voto favorable, “con convencimiento”, de su formación a la suspensión de las reglas fiscales y aseguró que el ‘techo de gasto’ de 2021 “no nos parece una fiesta del gasto, sino un gasto necesario en una situación excepcional”, para concluir pidiendo a la ministra que lleve al Congreso los Presupuestos “e intentar pactarlos con la mayoría de la Cámara”.

Por Más País, Íñigo Errejón resaltó que “ha tenido que llegar un virus y una desgracia como esta para que entendamos que la sanidad publica no se recorta y que un Gobierno no es un contable que registra entradas y salidas de caja, sino que tiene que ser responsable del bienestar de su pueblo y el desarrollo económico” y que “las políticas mal llamadas de austeridad y del neoliberalismo no funcionaban, eran injustas y profundamente ineficaces”. Por ello, felicitó a la ministra por suspender la regla de gasto, “un corsé que no tiene nada de científico y que fue una decisión puramente ideológica”, y aprovechó para pedir la derogación del “anacrónico e infame artículo 135 de la Constitución”.

Por parte de la CUP, Albert Botran también anunció el voto favorable de su formación, al destacar que la medida supone “independencia económica” y que aumentar el endeudamiento supone “una medida de choque”, pero también reclamó la derogación de la Ley de Estabilidad y el artículo de 135 y mayor progresividad fiscal y una auditoría de deuda.

En cuanto a UPN, Sergio Sayas aseguró el voto favorable de su formación “porque no hacerlo sería como entender que no ha ocurrido nada de febrero a aquí”, aunque criticó el exceso de optimismo del cuadro macroeconómico del Gobierno.

Néstor Rego, del BNG, destacó que la activación de la cláusula de escape para suspender las reglas fiscales “da la razón a las fuerzas políticas que desde hace años venimos cuestionando las limitaciones impuestas en las políticas económicas para mantener el dogma de la austeridad que tanto sufrimiento ha causado”, y celebró que el aumento del gasto permitirá “un Presupuesto expansivo”.

Ana Oramas, de Coalición Canaria, anunció su voto favorable, criticando también el cambio de criterio de Montero respecto al remanente de los ayuntamientos, y emplazó al Gobierno a encontrarse en un apoyo a los Presupuestos.

En los mismos términos sobre el uso de los remanentes se expresó Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, quien mostró su apoyo a la suspensión de las reglas fiscales al considerar que “es la manera de apoyar a las mayorías” y que “la responsabilidad desde las administraciones públicas es salvar a la gente cuando no puede salvarse de otra manera”, para concluir subrayando la urgencia de aprobar “ya” unos Presupuestos.

Por el PRC, José María Mazón consideró “obvio” que España se encuentra en una situación de emergencia y de recesión económica y que por ello debe activarse la cláusula de escape. Además, aprovechó para pedir que se cumplan los compromisos presupuestarios con su formación sobre Cantabria e incidió que “lo más importante, más que las cuantías, es la ejecución, gastar bien”.

Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, tildó de “calamitosa” la gestión del Gobierno frente a la crisis del coronavirus y afirmó que ésta “lleva la economía a pique” al disparar la deuda, por lo que anunció su voto en contra.

Por último, Tomás Guitarte, de Teruel Existe, anunció su voto a favor y mostró su preocupación por el crecimiento de las desigualdades económicas entre la España rural y las zonas más desarrolladas a consecuencia de la crisis del coronavirus, por lo que subrayó la “oportunidad única para resolver el desequilibrio territorial de nuestro país” que suponen el Presupuestos de 2021 y los fondos europeos.