En una sentencia conocida este lunes, la magistrada considera acreditado que “entre los años 2007 y 2013” se omitió el procedimiento de selección y contratación de personal “en la Brigada de Obras del Ayuntamiento, en las Escuelas Deportivas Municipales y en algunos proyectos de la Agencia de Desarrollo Local”.

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria, explica que “la contratación se efectuó de modo directo por el acusado de forma verbal o escrita, a pesar de que los servicios de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento presentaron escritos de disconformidad con esa manera de contratar”.

“Posteriormente, tales servicios municipales emitieron reparo mensualmente, en cada uno de los expedientes de las nóminas de las personas así contratadas. No obstante los escritos de disconformidad y los reparos efectuados -continúa la sentencia-, durante el periodo de tiempo indicado, el acusado procedió de idéntica forma”.

Explica la magistrada que “es reconocido por el acusado y así consta documentalmente” que el primer edil omitió el procedimiento de contratación “y ello con conocimiento, así lo manifestó en el plenario, de los reparos efectuados por la Intervención del Ayuntamiento, hasta un número superior a ochenta, correspondientes al abono mensual del salario de las personas así contratadas”.

Pese a los mismos, “durante un amplio periodo de tiempo, desde el año 2007 al año 2013, el acusado procedió de idéntica forma”. Así, en 2007 las contrataciones ascendieron a 23 personas, un año después fueron 24, y en 2009, llegaron a 42. Durante el año 2010, por orden del acusado se contrató a 36 personas, en 2011 a 38, en 2012 a 30 y, finalmente, en 2013 a cinco.

CONTRATACIONES SIN URGENCIA

“No es óbice que, como trata de justificar el acusado, se tratara de una situación heredada del anterior gobierno, toda vez que el mismo ha venido desempeñando la condición de alcalde desde el año 1999. Difícilmente”, continúa la sentencia, “puede calificarse de situación de continuidad o heredada unas contrataciones irregulares que pudieran haberse dado con anterioridad al año 1999 hasta el 2007 y sucesivos hasta el año 2013”.

En este sentido, aprecia la magistrada que “tiempo más que de sobra tuvo para corregir tal situación, máxime cuando, como se ha puesto de relieve, en realidad no eran contrataciones temporales por razones de urgencia o necesidad puntual, sino que los trabajos, Brigadas de Obras, Escuelas Deportivas y Agencia de Desarrollo Local, eran trabajos permanentes y ordinarios”.

“Es claro que la procedencia de realizar contrataciones temporales de forma habitual, año tras año, se sitúa en el ámbito de los puestos de trabajo de carácter estructural, es decir, no responden a una naturaleza ocasional o a circunstancias puntuales de incremento de necesidades”, abunda la sentencia.

Y en relación al modo en que se efectuaban las contrataciones, explica que “ni correspondían a criterios objetivos de selección, ni reunían los requisitos de igualdad de oportunidades, mérito y publicidad”.