La Profesión Enfermera, formada por la Conferencia Estatal de Decanos, Directivos de Enfermería, Asociación Española de Estudiantes de Enfermería, Sociedades Científicas de Enfermería, Sindicato de Enfermería Satse, Consejo General de Enfermería, advirtieron en el manifiesto que "la vacunación en las oficinas privadas de farmacia pondría en riesgo la salud de la población y la seguridad de los pacientes".

Y ello "debido a la falta de competencias profesionales que tienen los farmacéuticos para la vacunación en todos sus aspectos y la preocupante apertura de una nueva línea de negocio privado relacionado con la asistencia sanitaria basada, claramente, en intereses económicos".

Además, señalaron en el manifiesto que la realización de pruebas para diagnósticas para Covid-19 en las farmacias "representaría un riesgo extremo para la salud de los ciudadanos". La recogida de estas muestras requiere de una cualificación elevada, en caso contrario podrían registrarse falsos positivos por una mala técnica.

Otros aspectos, como la confluencia de pacientes por distintos motivos en la farmacia, en espacios reducidos y sin circuito seguro de tránsito de personas, eliminación de residuos biológicos contaminados, etc., podrían ser un foco de contagio a la población. En su conjunto, no disponer de personal cualificado para la realización, interpretación, registro, comunicación y traslados de estas pruebas y sus resultados, hacen inviable la utilización de las farmacias para estas pruebas, según afirmaron en el manifiesto.

Ante esta situación, todas las entidades firmantes pidieron el reforzamiento de la asistencia en Atención Primaria, ya que "tiene que ser la salida a esta crisis, no desviar la misma estableciendo nuevas vías de lucro relacionadas con la Salud Pública".

Como conclusiones destacaron que "las enfermeras y enfermeros no queremos entrar en conflicto con los farmacéuticos por cuestiones que ya nos reconocen las competencias legalmente establecidas para nuestra profesión, pero nos vemos obligados a manifestar nuestra posición al respecto".

Asimismo, "entendemos que pretender usar las farmacias como una extensión asistencial del sistema sanitario, se trataría de una privatización encubierta de la sanidad pública, con profesionales no cualificados para estas funciones, que oculta intereses en términos de beneficio económico para los empresarios farmacéuticos y no un beneficio ni mejora para los ciudadanos. Lo que representaría un riesgo extremo para la salud de los ciudadanos. Y la Salud Pública debe reforzarse apoyando los servicios públicos y apoyando las competencias de las enfermeras y enfermeros que llevan años demostrando la calidad y eficacia de sus actuaciones profesionales".