En un comunicado hecho público este lunes, los abogados madrileños insisten en que su valoración huye de posiciones partidistas y en que la única reforma admisible sería la de que fueran los propios jueces quienes eligieran a sus representantes en el CGPJ. Lo prioritario, con todo, es alcanzar ese acuerdo para que “podamos salir del estado de absoluta perplejidad e inseguridad en el que nos encontramos el conjunto de la ciudadanía española”.

El ICAM recuerda que todo Estado de Derecho democrático “se asienta necesariamente en el escrupuloso respeto a las normas que constituyen el ordenamiento jurídico, empezando por su norma fundamental, la separación de poderes y la seguridad jurídica”.

Echa mano de la doctrina del Tribunal Constitucional, sobre el principio de seguridad jurídica que “implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas”. La “certeza del Derecho” y la previsibilidad son manifestaciones del principio de seguridad jurídica.

El sistema de elección de los miembros del CGPJ, continúa el comunicado, se viene aplicando de manera ininterrumpida desde el año 1985 de manera que “pretender su cambio, por razones estrictamente políticas, atenta contra el mencionado principio de seguridad jurídica, provocando, como también tiene dicho el Tribunal Constitucional perplejidades difícilmente salvables respecto a la previsibilidad de cual sea el Derecho aplicable”.

Si a partir de ahora y en el futuro, denuncia el ICAM, el Gobierno de turno, con el apoyo de la mayoría absoluta del Parlamento, puede modificar el sistema de elección de los miembros del CGPJ, “los operadores jurídicos no sabremos nunca a qué atenernos”.

Señala también la “dudosa constitucionalidad” de la reforma y denuncia que esa modificación podría poner “en gravísimo riesgo la percepción general sobre la necesaria independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo. Sin separación de Poderes no puede haber Estado de Derecho”, remacha.

Y concluye: “Los abogados y abogadas somos quienes tenemos que hacer valer ante los jueces y tribunales los derechos de los ciudadanos, entre otros frente a las posibles arbitrariedades de la Administración, y difícilmente podremos ejercer adecuadamente esa defensa si nuestros defendidos, además de no saber qué norma se les puede aplicar en cada momento, tienen la percepción de que el Poder Judicial no es plenamente independiente respecto de los demás Poderes del Estado”.