Según el ‘Monitor de impacto de la Covid-19 sobre los servicios sociales’ -un informe realizado por la profesora Inés Calzada (Universidad Complutense de Madrid) para el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP)- se ha ido incorporando un nuevo perfil de personas consideradas “normalizadas” que han visto empeorar su economía familiar.

Las principales razones de la vulnerabilidad de estas personas, que hasta ahora no frecuentaban los servicios sociales, han sido el confinamiento y la tardanza en recibir las ayudas económicas impulsadas por el Gobierno, según el estudio.

“Hemos notado un aumento de la demanda enorme, hay días que han tenido incluso 200 llamadas y correos. Han contactado personas que hasta la fecha no conocían Servicios Sociales, personas de empleo sumergido que, al confinar, no podían ejercer sus trabajos”, relata un trabajador social de una localidad madrileña.

Según el informe, los trabajadores de los servicios sociales refieren que muchas de las personas han acudido solicitando ayudas económicas porque, aunque se podían acoger a alguna de las ayudas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o a prestaciones a autónomos, las cuantías económicas se han retrasado tanto que “sus escasos ahorros les han impedido aguantar más allá del mes de marzo”.

No obstante, una vez han recibido estas ayudas, han dejado de acudir a servicios sociales para recibir prestaciones económicas de emergencia o relacionadas con la alimentación y la adquisición de bienes de primera necesidad.

Los autónomos se han visto afectados en primera instancia por no poder abrir sus negocios, mientras que los trabajadores de la economía sumergida no se han podido acoger a ninguna de las medidas contempladas para trabajadores por cuenta ajena como los ERTE o el paro.

PERSONAS MAYORES EN SOLEDAD

Sin embargo, ha surgido otro perfil que preocupa a los trabajadores sociales. “Durante el confinamiento, surge un perfil de persona mayor que vive sola. Hasta ese momento se relacionaba con el resto del vecindario, pero cuando se produce el confinamiento la situación se agrava porque no sabes si están bien”, recoge el estudio.

Ellos han necesitado, principalmente, hablar y, ya en la segunda parte del confinamiento, contar con alguien ajeno a quien contarle lo que estaba viviendo. Es por eso que han surgido múltiples iniciativas con voluntarios para hablar por teléfono con personas mayores en soledad, como el lanzado por Cruz Roja u otras ONG.

Todo este aumento de demanda ha provocado que los servicios sociales de muchos municipios agoten sus presupuestos. “El incremento de la demanda ha sido brutal, con una demanda muy grande, nos hemos gastado casi toda la partida anual de emergencia social (un 75%) en unos meses”, recoge un testimonio de un trabajador social plasmado en el informe.

“En marzo estábamos en el expediente 8.000, ahora en cuestión de cuatro meses vamos ya por el expediente 10.100. Esto nos dice que en este tiempo, hemos tenido que abrir más de 2.000 expedientes nuevos”, relata un trabajador social de un municipio de Aragón. “Las ayudas de alimentos fue una de las principales demandas. Familias que nos decían que no tenían para comer. Y entonces nos organizábamos para hacer llegar a los supermercados vales de 150 euros para una familia para que pudiera llegar y hacer la compra por un mes”, añade.

El informe señala, además, que las trabajadoras sociales temen el “peor escenario” en algunos territorios, ligados a la estacionalidad -economías altamente dependientes del turismo o el trabajo agrícola-, así como por el fin de medidas como los ERTE. A su juicio, el mayor peligro es que estas situaciones de vulnerabilidad coyuntural puedan cronificarse.