La decisión de sustituir a Lorena Roldán por Carlos Carrizosa fue tomada el pasado mes de agosto por el Comité Permanente del partido, en una reunión presidida por Inés Arrimadas, para ser confirmada después por el Comité Ejecutivo.

El comunicado en el que se anunciaba la decisión la justificaba por el deseo de que el candidato tuviera exclusivamente cargo público en Cataluña, “para que no pueda ser identificado como un candidato de siglas y difumine cualquier idea de partidismo, facilitando así la futura coalición constitucionalista” que Ciudadanos pretende de cara a las próximas elecciones autonómicas. La dirección del partido reconocía abiertamente que el perfil de Carrizosa facilita la alianza constitucionalista pretendida para esas elecciones.

La decisión, aseguraba el comunicado, “se articulará de acuerdo con lo establecido en los Estatutos del partido para casos de excepcionalidad política, económica y sanitaria, como la que atraviesa nuestro país”. Esos Estatutos establecen, en su artículo 101, que los candidatos a la Presidencia de los gobiernos de las comunidades autónomas, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, “se elegirán mediante elecciones primarias”.

De hecho, así fue elegida Roldán como candidata a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña hace poco más de un año, en una consulta interna acelerada ante la previsión de que se pudieran convocar esos comicios en cualquier momento, y en la que obtuvo el voto afirmativo del 86,6% de los votantes.

Algunos militantes denunciaron la sustitución de Roldán por Carrizosa sin someterse a ese procedimiento, más aún cuando las elecciones autonómicas no estaban aún convocadas y entendían por ello que había margen para que así fuera.

El partido apelaba a la capacidad de la dirección para designar a un candidato sin primarias informando al Consejo General en los casos en que el candidato elegido por la militancia decida dar un paso atrás, lo que, subrayan, hizo Roldán al considerar que Carrizosa se ajusta mejor al perfil que necesita el partido en las actuales circunstancias.

Según la decisión adoptada por el Comité de Garantías, la sustitución se ajusta a los Estatutos. La decisión es firme y no admite recurso ante los órganos del propio partido, por lo que la única opción que queda a los militantes que puedan estar disconformes con ella es recurrirla ante los tribunales.