Con dichos recursos sostiene que la economía sumergida “podría reducirse a la mitad”, después de que el Gobierno haya cifrado en “apenas unos 830 millones” de euros el dinero que se ingresará el próximo año gracias a las medidas antifraude incluídas en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas.

Según Gestha, el fraude fiscal causa pérdidas anuales de 60.600 millones por impuestos evadidos y otros 31.000 millones por cuotas defraudadas a la Seguridad Social, de forma que en España se evaden cada año “unos 31.800 millones de euros por encima de la media sumergida europea”.

El Cuerpo Superior Técnico de Hacienda que demanda crear sería para centrar la investigación en el fraude más sofisticado de multinacionales y grandes fortunas, sustituyendo la investigación de autónomos y pymes a través del envío de cartas certificadas con los indicios de fraude para que “voluntariamente” presenten declaraciones complementarias.

De forma adicional Gestha propone ajustar el pago a cuenta en sociedades aumentando la tributación de empresas con más de un millón de euros en beneficios para ayudar a financiar la recuperación social y económica. Según sus cálculos, la ley del Impuesto sobre Sociedades permitió a los grandes grupos empresariales eludir el pago de 24.060 millones en las tres últimas declaraciones correspondientes al trienio 2016-2018.

Asimismo, piden crear tres nuevos tramos en el IRPF por encima de los 60.000 euros actuales y para ingresos desde 120.000, 175.000 y 300.000 euros tomando de referencia los tramos que aprobó en el Gobierno del PP en el periodo 2012-2014.

“Si se da prioridad a la reducción del fraude, la sociedad asumirá mejor los cambios legales en los impuestos sobre Sociedades e IRPF, cambios que mejorarán la generalidad, equidad y progresividad del sistema tributario”, afirmó el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.