Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, “la expansión de los asentamientos viola el derecho internacional y pone todavía más en peligro la viabilidad de la solución de dos estados para lograr una paz justa y duradera en el conflicto israelo-palestino”.

Al mismo tiempo, lo consideró una “medida contraproducente” teniente en cuenta “los positivos acontecimientos” habidos en Oriente Próximo últimamente, como los “acuerdos de normalización” entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

Exteriores se reafirmó en los mensajes que ha trasladado “directamente” al Gobierno israelí al propugnar que “este paso socava además los esfuerzos por restablecer la confianza entre las partes con miras a reanudar el diálogo”.

Por ello, reclamó la detención “de inmediato” de la construcción de asentamientos” y los “desalojos” y la “demolición” de “estructuras palestinas en Jerusalén Este y en Cisjordania”.

A su vez, abogó por la “plena aplicación” de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU “con todas sus disposiciones” y recordó que “no reconoceremos ningún cambio en las fronteras del 4 de junio de 1967, incluidas las de Jerusalén, a menos que se acuerde entre las partes”.

Tras señalar que “la suspensión de los planes para anexionar partes de los territorios palestinos ocupados debe hacerse permanente”, instó a ambas partes a abstenerse de perpetrar “cualquier acción unilateral y reanuden un diálogo creíble, así como negociaciones directas sobre todas las cuestiones relativas al estatuto final”.