En un comunicado, UGT se refirió al Plan Presupuestario remitido ayer, jueves, a Bruselas y en el que el Ejecutivo prevé una subida del IVA a las bebidas azucaradas del 10% al 21%, los nuevos impuestos a los plásticos de un solo uso, a determinados servicios digitales y a las transacciones financieras, además de un plan de lucha contra el fraude. Con todas las medidas fiscales que se prevén, el Ejecutivo proyecta una recaudación de 6.847 millones en 2021 y de 2.323 millones en 2022 en criterio de caja. Sobre imposición indirecta como el IRPF, no se detalla qué se hará.

También contempla una revalorización de las pensiones con los precios, teniendo en cuenta que el deflactor del PIB para 2021 es del 0,9%.

El Plan Presupuestario se ha construido sobre un ‘techo de gasto’ de 196.097 millones de euros y unas previsiones macroeconómicas que apuntan a una caída del PIB del 11,2% en 2020 y una recuperación del 7,2% en 2021, y una tasa de paro del 17,1% al cierre de este año y del 16,9% el próximo.

UGT consideró “insuficientes” estas medidas y destacó que la ratio de ingresos sobre el PIB bajará 1,4 puntos en 2021, “a pesar de la enorme brecha” con Europa de 6,3 puntos de PIB, según el sindicato.

Abogó por incrementar los tipos de IRPF para quienes tienen más patrimonio y se eleven los impuestos a las grandes empresas.

Además, criticó que se vayan a revalorizar las pensiones con el deflactor del PIB en lugar de hacerse con la evolución del IPC o del deflactor del consumo privado, que es un indicador que “aproxima mucho mejor la variación de precios de consumo que el deflactor del PIB”.

También consideró que el hecho de que vaya a caer el gasto en prestaciones sociales yd e desempleo más de dos puntos sobre el PIB, pese a ser lo “esperado” por una mejora de la actividad económica, “debe servir de alerta ante la estimada reducción de la masa salarial y la elevada tasa de desempleo”.

UGT pidió un plan de estímulos directos e inmediatos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con ayudas directas a la actividad “de manera sectorial y diferenciada”, el mantenimiento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) “el tiempo que sea necesario” y la garantía de rentas de subsistencia a quien lo necesite.

Por último, reclamó derogar la reforma laboral de 2012 y la relativa a la negociación colectiva de ese año y la reforma de pensiones de 2013 por considerar que son “incompatibles con ese nuevo modelo de crecimiento más inclusivo y eficiente”.