El decreto salió adelante con 345 votos favorables, uno en contra y dos abstenciones.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defendió la convalidación del decreto destacando que los ERTE “han cumplido su objetivo en fondo y en forma” al haber “frenado” la caída del empleo y haber “salvado” a gran parte de las empresas y los autónomos.

El decreto, que refleja el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, “busca continuar la apuesta por la protección integral de los trabajadores afectados” y eso “obliga a una adaptación constante”, según destacó la ministra.

Díaz aseveró que “debemos continuar” con dicha protección y “la inversión pública” que suponen los ERTE es “un compromiso firme de permanencia”. Insistió en que “no los vamos a dejar caer”.

La ministra explicó el contenido de la norma, que prorroga automáticamente todos los ERTE por fuerza mayor que estaban vigentes hasta el 31 de enero de 2021 y crea nuevos tipos de ERTE para empresas que vean su actividad paralizada o limitada por decisiones administrativas y para empresas particularmente afectadas por la crisis.

En particular, las exoneraciones de cuota a la Seguridad Social para las empresas que vean interrumpida su actividad será del 100% si tienen menos de 50 trabajadores y del 90% si tienen más plantilla.

Para las empresas con limitaciones, las exoneraciones serán del 100% en octubre, del 90% en noviembre, el 85% en diciembre y el 80% en enero para empresas con menos de 50 trabajadores. Para empresas con más plantilla, las exoneraciones serán de diez puntos porcentuales menos.

En el caso de los sectores particularmente afectados y empresas asociadas a la cadena de valor, el descuento en la cuota será del 85% en empresas con menos de 50 empleados y del 75% para el resto, aplicándose estos porcentajes tanto para los trabajadores suspendidos en ERTE como para los activados. Entre esos sectores se encuentran las agencias de viajes, el transporte por taxi, el transporte aéreo, los alojamientos turísticos, las tintorerías o las artes escénicas.

La prestación por desempleo asociada al ERTE se mantiene en el 70% de la base reguladora a los seis meses en lugar de rebajarse al 50% como establecía la ley, el ‘contador a 0’ se eleva hasta el 30 de septiembre de 2020, pasando así a 196 días de duración, y se prorroga hasta el 1 de enero de 2022.

Se mantiene la salvaguarda del empleo durante seis meses, de manera que las empresas en ERTE deberán mantener el empleo durante ese periodo desde la reincorporación del primer trabajador, y se prorroga hasta el 31 de enero la no justificación del despido por parte de empresas acogidas a expedientes temporales por causas de fuerza mayor o económicas. Se da prioridad para recibir cursos a los trabajadores suspendidos.

Se mantiene de acuerdos anteriores la prohibición de realizar horas extraordinarias si la empresa está acogida a un ERTE, externalizar actividad, contratar, repartir dividendos y radicarse en paraísos fiscales.

Se articula una prestación extraordinaria para los fijos discontinuos y aquellas personas que realizan trabajos fijos y periódicos que hayan estado afectados por un ERTE en todo o parte del último periodo de actividad, cuando dejen de estar suspendidos.

Díaz defendió que con los ERTE acordados se aplican “por primera vez políticas europeas con flexibilidad interna” y se “soslaya la legislación del PP” y aseguró que “no habrá reactivación de la economía y el empleo sin protección de la salud”.

El decreto también incorpora la creación de una nueva prestación extraordinaria para los autónomos por suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia de la Covid-19.

Del mismo modo, prorroga la prestación ordinaria de cese compatible con la actividad hasta el 31 de enero, se crea una prestación por bajos ingresos y se prorrogan las ayudas para los trabajadores autónomos de temporada con una flexibilización de los requisitos temporales.

La norma recoge mejoras en el ingreso mínimo vital y prorroga las ayudas al alquiler para personas en situación vulnerable.