Se trata del primer decreto de archivo a raíz de una denuncia presentada para delimitar la posible responsabilidad penal tanto de los responsables de las residencias como de su personal sanitario por el fallecimiento de pacientes a raíz de la crisis sanitaria.

El ministerio público tiene previsto decretar otros cinco archivos en los próximos días y en el resto de las áreas de la Fiscalía de la comunidad (Getafe-Leganés, Alcalá de Henares y Móstoles) se notificará también al menos una.

En la fiscalía de área de Madrid hay abiertas alrededor de 50 diligencias de investigación. En principio, al ser muy parecidas, el criterio general es archivarlas, lo que no significa que todas ellas vayan a ser archivadas. No se descarta que se judicialicen algunas de las denuncias presentadas.

El decreto de archivo no cierra la vía penal puesto que el denunciante puede acudir a un juzgado o a la vía civil para reclamar la cantidad de dinero que considera oportuna.