Así lo revela el estudio de revisión del gasto público sobre incentivos a la contratación y al trabajo autónomo presentado este miércoles y en el que se analizan siete tipos de incentivos entre 2012 y 2018 que supusieron en 2018 alrededor de 2.000 millones de euros y que en la actualidad cuestan 2.900 millones.

En concreto, la Airef ha estudiado los incentivos para menores de 30 años, mayores de 45 años, mujeres con infrarrepresentación en determinados sectores, los incentivos para transformar los contratos temporales en indefinidos, la tarifa plana para autónomos, las bonificaciones y reducciones autónomos X y los incentivos a contratar personas con discapacidad.

El estudio concluye con carácter general que los incentivos a la contratación tienen un efecto positivo limitado y deben reducirse y dirigirse a colectivos muy específicos de baja empleabilidad, para lo que pide definir unos indicadores que identifiquen a esas personas con menor probabilidad de encontrar trabajo, y adaptarse a las necesidades de cada momento. Para el momento de crisis actual, la Airef considera que se puede articular un plan temporal de incentivos para el colectivo de jóvenes.

Esta focalización permitiría aumentar las cuantías de esos incentivos y hacerlos más atractivos, según el informe, que también incide en vincularlos a la formación e incorporar herramientas de perfilado y de itinerarios para una atención más personalizada a cada demandante de empleo.

En cualquier caso, subraya que estas medidas no pueden sustituir a las reformas estructurales necesarias para reducir la temporalidad y el desempleo.

TARIFA PLANA DE AUTÓNOMOS

Los siete incentivos analizados supusieron un coste de 2.049,9 millones en 2018, correspondiendo la mayor parte a la tarifa plana de autónomos -634,6 millones- y a las medidas dirigidas a las personas con discapacidad -831,3 millones-.

Destaca la tarifa plana para autónomos que se puso en marcha en 2013 y de la que el estudio señala que ha tenido un coste neto entre 34,2 millones y 41,5 millones.

Además, observa que esta medida contribuye a mejorar la supervivencia del negocio, pero el efecto desaparece al finalizar el incentivo y que ha beneficiado en mayor medida a quienes llevaban menos de un mes en desempleo y con un nivel de formación medio-alto.

Con ello, propone ir hacia un sistema de cotización acorde a los ingresos y mientras se define, mantener la tarifa plana dada la situación económica actual.

Respecto a los incentivos a la contratación indefinida a través del contrato de apoyo a emprendedores, que está derogado, el estudio de la Airef revela que un 4,6% de los contratos indefinidos firmados por las empresas se acogieron a esta medida y que ha aumentado ligeramente la probabilidad de que los jóvenes obtuvieran un contrato fijo. Sin embargo, al finalizar el incentivo, la probabilidad de que este grupo abandone el empleo se iguala a la de los no beneficiarios. En el caso de los mayores de 45 años, la Airef detecta que se vieron ligeramente perjudicados al suprimir incentivos en 2012.

En el caso de los incentivos para convertir en indefinido el contrato de formación y aprendizaje, se transforman principalmente contratos de dos o más años y en 2018 solo formalizaron este tipo de contrato el 1,4% de los jóvenes que cumplían los requisitos, con lo que el efecto es pequeño, según el informe. Propone concentrar los esfuerzos en mejorar los contratos de formación.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Por último, los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, que suponen el 40% del gasto en este estudio, pueden aumentar la probabilidad de mantener el empleo entre 15 y 28 puntos porcentuales el primer año, pudiendo llegar el efecto hasta el tercer año en la empresa ordinaria y hasta el quinto en los centros especiales de empleo a la luz del estudio.

En este sentido, la Airef señala que no puede concluir el impacto sobre el fomento de la contratación por falta de datos y por la ausencia de cambios normativos, pero sí afirmar que contribuye a mantener los puestos de trabajo.

Con los datos disponibles, no encuentra evidencia de que los incentivos autonómicos fomenten la contratación de personas con discapacidad.

Propone rediseñar estos incentivos para poner el foco en los colectivos con especiales dificultades, especialmente en el empleo protegido.