Así se manifestó el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, durante una entrevista en el programa ‘La aventura del saber’ de La 2 de TVE, donde ha criticado la falta de apoyo de las instituciones a las organizaciones sociales.

“A veces nos sentimos demasiado solos. El voluntariado, la organización social y el altruismo es algo que no está de moda y lo sentimos en la financiación y tenemos que buscarnos la vida para sobrevivir”, sostuvo el presidente del Cermi, quien lamentó esta situación pese a que “las organizaciones sociales llegamos allí donde las administraciones no llegan” para actuar en favor de unos diez millones de personas en situación de vulnerabilidad.

En cuanto a la situación de las personas con discapacidad y sus familias, Pérez Bueno recordó que en torno a cuatro millones de personas con discapacidad residen en España. Además, señaló que la situación de pandemia ocasionará nuevas situaciones de discapacidad y agravará discapacidades que ya se daban en algunas personas antes de sufrir la COVID-19.

Del mismo modo, denunció las barreras de acceso a la comunicación y a la información que están sufriendo las personas con discapacidad por falta de accesibilidad de los contenidos audiovisuales, incluidos los mensajes sobre salud pública en relación con la pandemia.

ACABAR CON LAS CELDAS

Por otra parte, exigió la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para acabar con las barreras arquitectónicas en los edificios de viviendas, porque “tenemos a unas 100.000 personas con discapacidad o mayores que no pueden salir de su casa porque no tienen rampa o ascensor, y su casa se ha convertido en una celda”.

Pérez Bueno denunció también la mayor discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, expresando su especial preocupación por la mayor exposición a la violencia.

Por otro lado, advirtió de los efectos de la pandemia sobre el empleo de las personas con discapacidad, a pesar de que es “un bien básico social que te permite empoderarte y no estar al albur de una pensión pública, siempre escasas, o depender de un familiar”.

En este punto, destacó que antes de la crisis sanitaria, las personas con discapacidad ya tenían una tasa de actividad 40 puntos inferior a la de las personas sin discapacidad y que, en la actual crisis, en torno al 60% de las personas con discapacidad que sí tienen trabajo tienen miedo de perderlo. “Tenemos poco empleo y además, en riesgo por la situación de pandemia”, añadió.

Además, hizo un llamamiento a los responsables de la contratación de las empresas para que se den la oportunidad de conocer a las personas con discapacidad y aprovechar así “su talento, superación y capacidad de resiliencia”.

Pese a esta situación, Pérez Bueno indicó que “no todo es sombrío” y que en los últimos años se han producido avances en materia de sensibilización y mejora de la imagen social sobre las personas con discapacidad. Además, valoró que “estemos acariciando” la reforma del artículo 49 de la Constitución para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y actualizar la terminología con la que la Carta Magna hace alusión a esta parte de la población.

Igualmente, resaltó que, en la actualidad, se está tramitando una reforma del Código Penal para “desterrar” del ordenamiento jurídico español las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, una práctica “contraria a los derechos fundamentales” que sufren sobre todo las adolescentes y mujeres.