Mateo San Segundo, presidente de esta organización considera que “estamos ante una oportunidad histórica que no debemos desaprovechar, ya que podemos impulsar un logro que será reconocido en el futuro como una visión moderna y ambiciosa en pro de la igualdad jurídica de las personas con discapacidad”.

En los próximos meses, y de aprobarse el proyecto de ley que se encuentra en estos momentos en trámite parlamentario, se llevará a cabo una reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica con el objetivo de adecuar el ordenamiento jurídico español a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en concreto a lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, relativo al igual reconocimiento como persona ante la ley de las personas con discapacidad.

Down España entiende que este proyecto de ley es "un importantísimo avance, pero tememos que no sea lo suficientemente ambicioso como para colmar las expectativas del movimiento asociativo, de las personas con discapacidad y de sus familias. Se trata de una modificación muy esperada, que llega con más de una década de retraso, y que previsiblemente no volverá a retomarse hasta dentro de muchos años. Por ello, su proceso de aprobación debería realizarse sin prisas, sin intereses partidistas y buscando el consenso con las organizaciones de discapacidad".

Para San Segundo, “la importancia del proceso que finalmente se ha puesto en marcha requiere una respuesta a la altura del avance que se puede conseguir. Consideramos que con un poco más de paciencia, tiempo y debate se puede asegurar un texto que sirva de referencia para todo el ámbito mundial en relación a la discapacidad”.

El presidente de Down España considera que estamos “ante una oportunidad histórica que no debemos desaprovechar, ya que podemos impulsar un logro que será reconocido en el futuro como una visión moderna, actual y ambiciosa en pro de la igualdad jurídica ante la ley de las personas con discapacidad”.

El proyecto de ley pretende dejar atrás la tesis defendida por el modelo rehabilitador de la discapacidad -consistente en sustituir la voluntad o autonomía de la persona con discapacidad- y evolucionar hacia un nuevo modelo basado en la plena dignidad de la persona con discapacidad, el reconocimiento de su capacidad jurídica, la obligación de prestar un sistema de apoyos para la toma de decisiones, y el establecimiento de las salvaguardas adecuadas y efectivas para respetar ante todo la voluntad y preferencias de la persona, según destacó Down España.

En su opinión, el proyecto de ley presenta "una visión antigua todavía excesivamente paternalista y protectora, rígida en algunas ocasiones, incompatible con el espíritu y los principios generales de la Convención.

Por último, Down España apela "al buen criterio del Gobierno de España y al de todos los partidos políticos del arco parlamentario, para que convoquen en las Cortes "a expertos o personas de reconocida experiencia y prestigio en el mundo del derecho de la discapacidad, todo ello en aras a obtener un texto final acorde a lo que se espera de él, y sobre todo a la altura de la Convención".