Esta recomendación busca establecer unos criterios y datos estandarizados que garanticen una libre circulación segura y no discriminatoria en el ámbito de la Unión Europea, refuercen los mecanismos de coordinación y mejoren la información a los ciudadanos. Hasta ahora, cada Estado miembro había establecido las restricciones a ciudadanos provenientes de otros países según sus propios criterios y directrices, muchas veces diferentes entre sí. Este acuerdo estandariza los criterios de evaluación y elimina el riesgo de discriminación entre ciudadanos europeos.

España “acoge positivamente” esta recomendación al recoger sus postulados en “elementos fundamentales”, como la exclusión del cierre de fronteras como medida a adoptar, la protección a la movilidad de colectivos de particular sensibilidad y relevancia, como los viajeros en función esencial, y la regionalización de la evaluación y de la implementación de medidas, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

También se recoge, añade Exteriores, una “mención específica” a los territorios periféricos y ultraperiféricos, como las islas, para las que España ha defendido un tratamiento singularizado.

“Esta recomendación recoge aspectos importantes que España viene defendiendo desde que a mediados de agosto empezó a erosionarse la libre circulación en la Unión Europea. Es un éxito de nuestra diplomacia económica ya que establece unos mínimos en términos de movilidad, pero deja abierta la puerta a que los Estados implementen medidas en frontera más laxas si su situación epidemiológica lo permite”, según el secretario de Estado de la España Global, competente en las cuestiones de movilidad, Manuel Muñiz.