Manifestó que esta es “ya la tercera vez” que interviene en comisión para defender la toma en consideración de esta ILP, que aunque fue admitida a trámite las dos veces anteriores, “decayó a causa de la inestabilidad política e institucional”.

En su opinión, “estos cinco años de demora han generado frustración y decepción en el sector” de la discapacidad y la dependencia, por lo que “esperamos que esta sea la definitiva”. Por eso, el presidente del Cermi pidió el respaldo de todos los grupos de la Cámara a la ILP, que en su día apoyaron casi 740.000 personas.

A su juicio, la generalización del copago entre los usuarios del sistema de dependencia provoca que, en la práctica, no se asegure “el ejercicio y la garantía del derecho, sino la compra del derecho”; “expulsa a parte de los usuarios que no lo pueden asumir; desincentiva la autonomía económica, pues “cuanto más tienes, más pagas”; “en épocas de crisis empuja a las administraciones a hacer recaer la financiación del sistema en los beneficiarios”, y “genera graves diferencias de trato entre territorios”. Además, prosiguió, “el copago en dependencia irradió a otros servicios y prestaciones sociales, que no tenían copago o lo tenían en menor proporción”.

Por todo ello, pidió reformar la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, para introducir “una serie de criterios comunes en la determinación de la capacidad económica y la participación en el coste de los servicios de las personas “iguales y vinculantes para todas las administraciones”, que después se deberán regular mediante desarrollo reglamentario y podrán ser mejorados por las comunidades autónomas, “con miras a la gratuidad total”.

Entre estos criterios, Luis Cayo Pérez Bueno propuso dejar exentas de todo copago a aquellas personas cuyas rentas sean inferiores a 2,5 veces el Iprem (1.344,5 euros), que la aportación máxima no supere en ningún caso el 60% del coste total del servicio y que la edad y el momento vital en que apareció la situación de dependencia se tengan en cuenta a la hora de determinar la renta disponible de la persona.

El presidente de Cermi consideró que con la inclusión de estos criterios se podría poner fin a uno de los aspectos “más controvertidos y conflictivos de la Ley de Dependencia”, que “ha lastrado el sistema desde que nació, hace casi 15 años”. Por todo ello, reclamó “el respaldo unánime” a la toma en consideración de la proposición de ley, con independencia de que se pueda mejorar a lo largo del trámite parlamentario.