Según el Gobierno regional, esta contratación supone la realización de diversas actuaciones en materia de seguridad y salud que debe cumplir este organismo público, cuyo objetivo básico es contribuir a aminorar la posibilidad de que se produzcan accidentes y/o enfermedades profesionales, en cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborables y las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

"Los Servicios Jurídicos de la Agencia de Vivienda Social han informado favorablemente de los pliegos que regulan el expediente de contratación, que cuenta, además, con el visto bueno de la Dirección General de Presupuestos", añade la Comunidad en un comunicado, en el que recuerda que la región es la que tiene el índice de siniestralidad laobral más bajo de España, "concretamente un 20,8% menos de la media nacional", que refleja el número de accidentes de trabajo en jornada laboral que se producen por cada 100.000 trabajadores afiliados.