Así lo manifestaron durante un encuentro organizado por Plena Inclusión España y por la agencia de noticias Servimedia, donde se abordaron las reformas legales emprendidas por el gobierno en materia de discapacidad respecto a la ilegalización de las esterilizaciones forzadas, la supresión de la incapacitación judicial total y su sustitución por un sistema de apoyos individualizados para la toma de decisiones y la eliminación del término ‘disminuido’ del artículo 49 de la Constitución.

Según el presidente de Plena Inclusión, las personas con discapacidad intelectual se ven con frecuencia “envueltas en procesos judiciales”, ya sea porque se evalúa su propia capacidad jurídica de obrar, o bien porque “intervienen en ellos como víctimas, testigos o agresores”.

“El problema es que nuestra legislación no es lo suficientemente flexible como para adaptarse a ellas”, y resaltó que el lenguaje supone “la primera barrera con la que se encuentran estas personas”.

“Digamos que es una legislación hecha a la medida de la normalidad, signifique eso lo que signifique”, agregó.

López echó en falta mayor formación entre los profesionales jurídicos, entre los que “aún existen prejuicios sobre las personas con discapacidad intelectual” y persiste el uso de “procesos demasiado rígidos”.

"Si no entiendo lo que me dicen, me voy a encontrar en una situación mucho más vulnerable y discriminada”, por lo que “la barrera del lenguaje impide en la práctica acceder a los demás derechos”, explicó el presidente de Plena Inclusión. De ahí “la importancia de que la persona con discapacidad comprenda lo que le dicen y de que el resto de los operadores jurídicos entiendan lo que esta persona les quiere comunicar”.

FACILITAR EL PROCESO

Por ello, Recover defendió la generalización de la figura del facilitador judicial, que actualmente no existe en la legislación española pero que con la reforma del Código Civil podría empezar a funcionar.

De hecho, Plena Inclusión ha enviado una serie de enmiendas al anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno con el objetivo de reforzarla.

En concreto, la norma propuesta, que aún debe pasar todo el trámite parlamentario, “habla de introducir los ajustes de procedimiento necesarios", explicó Inés de Araoz, pero “nosotros queremos ser un poco más precisos” y “pedimos que recoja de forma expresa la figura del facilitador".

Según la experta, el facilitador debe “realizar un análisis de todas las necesidades particulares que la persona con discapacidad intelectual puede requerir durante el proceso judicial y diseñar los apoyos que se le van a prestar para resolverlo”.

“En algunas ocasiones será él mismo quien se ocupe”, prosiguió, y otras veces se lo encargará a otros profesionales. Esto puede suponer la adaptación de documentos a lectura fácil, acompañamiento durante las entrevistas con peritos, apoyo a la policía a la hora de tomar declaración, ofrecer explicaciones a la persona con discapacidad sobre los distintos pasos del procedimiento y las implicaciones que, en función de su desarrollo, se abren para ella, etc.

“En fin, se trata de asegurar que el proceso de comunicación funciona en ambos sentidos”, precisó de Araoz, tras aclarar que “un facilitador no es un defensor judicial”. Ayuda en todo lo que sea necesario, pero tiene que ser neutral.

Por supuesto, “los facilitadores deben poder acceder al proceso judicial en cualquier etapa en que se encuentre”, prosiguió, “con independencia de que la persona con discapacidad intelectual ocupe el rol de víctima, testigo o agresor".

Explicó que en la actualidad ninguna ley garantiza el acceso a estos profesionales. Las asociaciones lo ofrecen en algunas unidades de atención a víctimas y, por ejemplo, en el programa de atención a personas reclusas de Plena Inclusión. “también hemos elaborado una guía con recomendaciones y escritos a los profesionales de la abogacía para que lo soliciten”, agregó Inés de Araoz.

El objetivo de Plena Inclusión es que esa figura se recoja en las reformas de las leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal, en la futura ley de Protección a la Infancia contra la violencia y, por supuesto, en la que ya está en marcha referida a la legislación civil y procesal.

DERECHO A DECIDIR

Todos los participantes destacaron la importancia que la nueva norma traerá para las personas con discapacidad intelectual, puesto que supondrá acabar con “una figura tan arraigada en el derecho español como es la de la tutela” y sustituirla por un sistema personalizado de apoyos individuales, adaptados a las necesidades de la persona con discapacidad para que ésta sea quien tome sus propias decisiones.

Así lo explicó Torcuato Recover, y precisó que “esto no quiere decir que la discapacidad vaya a desaparecer de un día para otro y que estas personas se queden solas a su suerte “.

Se trata de ofrecerles los apoyos que en cada caso necesiten, que variarán en función del asunto y de las características individuales de cada persona.

Raquel Navarro se mostró entusiasmada con la idea, ya que “las personas con discapacidad intelectual tenemos derecho a “tomar nuestras propias decisiones y a llevar las riendas de nuestra vida”.

Esta mujer con discapacidad intelectual fue sometida a un proceso de incapacitación total cuando aún vivía en un centro de menores, pero gracias a su esfuerzo y al apoyo de Son Fundació, recuperó gran parte de su capacidad de obrar y ahora vive de forma independiente.

En su opinión, “capacidad tenemos todos, más grande o más pequeña, y un juez en cinco minutos no puede tomar esa decisión. No te conoce”.

De hecho, Navarro logró recuperar gran parte de su capacidad jurídica tras año y medio de proceso judicial, y ahora, con el apoyo de un curador, vive con su pareja de forma independiente.

“Hay personas que me ayudan a tomar mis decisiones para que no me equivoque, pero decido yo”. “Ahora soy feliz”.

Del mismo modo, aplaudió la reforma del Código Penal que ilegalizará las esterilizaciones no consentidas de personas incapacitadas judicialmente, una práctica que afecta de manera muy significativa a mujeres con discapacidad intelectual.

“Todas tenemos derecho a ser madres”. “Hasta ahora nos habían dicho que no podíamos, pero no es verdad”. “Yo desde luego sí que quiero y nadie debe decidir por mí”.

Inés de Araoz se mostró completamente de acuerdo y se felicitó de que esta reforma será aprobada en breve.

Ahora bien, destacó que “el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la paternidad implica que hemos de ser capaces de asegurar que recibirán los apoyos que precisen”.

En la misma línea, el presidente de AEFT subrayó que todos los cambios proyectados en el Código Civil requieren que “estemos a la altura, para que los juzgados sean capaces de ofrecer ese traje a medida” que requieren las personas con discapacidad.

AVANCE HISTÓRICO

Dijo estar convencido de que estas leyes, igual que la proyectada modificación del artículo 49 de la Constitución, representan un “gran avance” para acabar con “una discriminación histórica” de las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico y social.

Cambiar ‘disminuido’ por ‘persona con discapacidad’ “va más allá de la terminología”, declaró. Por su parte, el ministro de Justicia aseguró que esta legislatura será la del Derecho de las personas con discapacidad”, puesto que “el arco parlamentario está lo suficientemente maduro” como para que todas estas propuestas salgan adelante.

Resaltó que todos estos cambios normativos además implican dar cumplimiento a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y se felicitó por que 2020 “puede ser al fin 2006”, año en que se aprobó dicho tratado. “Me siento orgulloso”, confesó.

Por su parte, el presidente de Servimedia manifestó que para la agencia “es un honor” contribuir a que la discapacidad “forme parte de la agenda política e informativa”. “La justicia no es ni mucho menos un espacio ajeno a la discapacidad”, y la importancia de estas leyes así lo demuestra.