El organismo supervisor europeo fijó en su día varias condiciones a la Fundación Bancaria La Caixa, dueña de CriteriaCaixa, para garantizar la desconsolidación efectiva de Caixabank, y entre ella figuraba la restricción para votar nombramientos en su órgano de administración.

Los consejeros dominicales de Caixabank, aquellos que representan los intereses de la Fundación, no podían votar así cuando el Consejo de Administración del banco designaba por cooptación un nuevo vocal, salvo que su propuesta de elección la formulase la propia CriteriaCaixa para ocupar alguno de los sillones que le corresponden en el Consejo.

Una vez que dicha propuesta de nombramiento llegaba a la Junta general del banco, Criteriacaixa tampoco podía oponerse a la designación, quedándose fuera de poder emitir su opinión formal sobre los vocales independientes.

Esta limitación forma parte de los compromisos asumidos en mayo del 2016 a petición del BCE, que quería garantizar así la desconsolidación efectiva de la Fundación y Caixabank a efectos prudenciales. Con su aplicación, CriteriaCaixa no ha votado ni participado en la deliberación en los nombramientos de consejeros independientes del banco desde entonces.

En contraprestación y desde septiembre del 2017, CriteriaCaixa dejaba de estar supervisada por el BCE, evitándole tener que acopiar las altas huchas de capital que le exigía el supervisor bancario hasta entonces.

El escenario cambia con la fusión de Bankia, ya que la Fundación verá diluida su participación actual del 40% en Caixabank hacia un umbral cercano al 30%.

El BCE, a petición de CriteriaCaixa y Caixabank, le exonera ahora de esta condición cuando la fusión sea efectiva y siempre que la Fundación tenga un 31% o menos del nuevo grupo fusionado.

El banco recogerá este cambio en sus estatutos y lo llevará para su aprobación en la próxima Junta de Accionistas y la Fundación lo incluirá en el protocolo de gestión de su inversión en Caixabank.