Según informó Exteriores, ese asesoramiento jurídico se realizará con carácter previo a su retorno a España y una vez se encuentren en suelo español.

El departamento dirigido por Arancha González Laya subrayó que estas mujeres componen un “colectivo especialmente vulnerable por encontrarse en un contexto social y cultural ajeno”, puesto que “en muchas ocasiones, no sólo desconocen los recursos a su disposición, sino que se encuentran especialmente aisladas, por carecer de vínculos familiares locales o no comprender el idioma”.

El convenio faculta a consultar entre las partes dudas legales que se puedan presentar con carácter previo al posible retorno a España de una víctima de violencia contra la mujer en el exterior, a facilitar la integración de la víctima en el sistema de protección español e informar sobre los recursos disponibles en España, concretamente en lo que se refiere al ámbito jurídico.

Al mismo tiempo, las oficinas consulares informarán previamente y derivarán cuando proceda a las españolas que sufran situaciones de violencia en el exterior y que requieran el asesoramiento de un abogado nacional a los profesionales seleccionados por la Fundación de la Abogacía, sin perjuicio del derecho a la libre elección de profesional.

También se asegurará la unidad de defensa, de manera que una misma dirección letrada asuma la defensa de la víctima en España en los casos que proceda.

No obstante, una vez en España, se garantizará “la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita”. El convenio no incluye la prestación de asistencia jurídica en el extranjero.

Por último, Exteriores señaló que este convenio tiene como objetivo “progresar en la asistencia que se presta a las mujeres españolas víctimas de violencia en el exterior, entendida ésta como la acepción amplia de violencia contra las mujeres recogida en el Convenio de Estambul”.