Fuentes de los antes llamado secretarios judiciales explicaron a Servimedia que la dirección general competente en este ámbito les ha remitido una “vergonzosa y arbitraria instrucción” que contiene un cuadro excel que “deberán rellenar” con los contactos estrechos que haya podido tener el funcionario que serán recopilados y enviado al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Esta orden, denuncian, les convierte en “rastreadores” forzosos “en aras del abusivo derecho de colaboración” con “la responsabilidad y gravedad que ello implica”. Así, “se insta al letrado de la Administración de Justicia, director jurídico procesal de los órganos judiciales a ejercer como rastreador, supliendo la falta de rastreadores no contratados por la Comunidad de Madrid y prometidos a bombo y platillo”.

Los letrados insisten en que esos rastreadores “que dice la CAM que existen, ni siquiera han contactado con ningún funcionario contagiado en ningún juzgado de Madrid”. Ante esta situación, continúan, los responsables autonómicos “se han permitido la ligereza de dictar una Instrucción no legal estableciendo dicha competencias” sobre unos funcionarios que “ni tenemos conocimientos en prevención de riesgos, ni en epidemias”.

A su juicio, este intento de convertirles en rastreadores es “una auténtica ganga” para la Comunidad de Madrid y “evitar tener que pagar” un trabajo que “debe ser remunerado”. Por todo ello, exigen “respeto hacia los profesionales de la justicia y responsabilidad de las autoridades de la administración de la comunidad madrileña”.

Y concluyen: “Estamos hacinados en las sedes, no se cumplen las medidas acordadas por la autoridad sanitarias del ministerio de Sanidad para servir al justiciable ni celebrar juicios con el respeto de aforos” por lo que “hay que reforzar de manera inmediata e incrementar los recursos y las medidas de salud pública”.