Fuentes gubernamentales señalan a Servimedia que en el caso de decretar la alarma sería "con las restricciones de movilidad que había ahora". "Está todo preparado”, apuntan desde La Moncloa porque "son las mismas medidas" pero habría que "darles una cobertura jurídica para mantenerlas" tras el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJM) que revocó este jueves el cierre de Madrid y otros nueve municipios.

Varios miembros del Ejecutivo trasladan que “formalmente” no han recibido convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros pero, según fuentes de Presidencia, "en principio" la reunión está prevista sobre las 12 horas porque creen que Ayuso reaccionará dejando actuar al Ejecutivo después de hablar Sánchez.

Desde la Comunidad de Madrid concretan que mañana viernes no se verán Sánchez y Ayuso sino que serán los técnicos quienes lo hagan a primera hora para establecer una nueva orden. Aseguran que "se acordará" y esperan que no sea necesario llegar al estado de alarma.

Según un comunicado oficial del Gobierno, tras regresar del viaje a Argelia y reunirse con su equipo, el presidente del Gobierno llamó a Ayuso para “abordar las alternativas legales existentes para mantener las medidas previstas en la orden revocada hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por razones no de fondo, sino de mera habilitación legal para adoptarlas”.

En la conversación, según La Moncloa, le ofreció tres posibilidades: “Que la Comunidad de Madrid, como autoridad competente en materia sanitaria, dicte una orden al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública”; “que solicite la declaración del estado de alarma para que sea el Gobierno de España conjuntamente con la Comunidad de Madrid quien lo declare y ratifique las medidas en cuestión, o que sea el Gobierno de España quien declare el estado de alarma, sin necesidad de que se formule previamente una solicitud”.

El Ejecutivo considera “importante señalar que, en cualquiera de los tres casos, las medidas de confinamiento perimetral y demás normas serían exactamente las mismas que ya se venían aplicando, pues lo único que cambiaría sería el instrumento legal por las que se adoptan, es decir, la cobertura jurídica”.

Desde la Secretaría de Estado de Comunicacion indican que la presidenta de la Comunidad de Madrid, en una segunda conversación telefónica con Sánchez, le trasladó que “necesita tiempo". "Será hasta mañana por la mañana. Este viernes habrá, por lo tanto, un Consejo de Ministros extraordinario por la mañana e informaremos de su hora”, concluye el comunicado de La Moncloa.

AMENAZA TRAS AUTO

Sánchez amenazó desde Argelia con esta medida a la Comunidad de Madrid después de que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJM) denegara hoy, por verse afectados los derechos y las libertades fundamentales, la ratificación de las medidas preventivas del Gobierno regional en ejecución de la orden del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero dio un plazo “prudencial” al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para que reaccionara.

El presidente ensalzó este jueves que el estado de alarma aplicado en la primera parte de la pandemia "ha resultado ser muy eficaz en doblegar la curva y en mantener a raya el virus". "Por tanto, ese instrumento, como otros, el Gobierno de España siempre lo ha contemplado", proclamó.

En este sentido, Sánchez aseguró que su equipo iba a estudiar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras defender que las medidas adoptadas se basaban en criterios científicos, y que se pondrían "todos los instrumentos y medidas encima de la mesa para doblegar la curva" en la región.

La puesta en marcha de este instrumento constitucional la “acaricia” el Ejecutivo desde hace dos semanas cuando estalló la situación entre el Gobierno central y el autonómico por la adopción de medidas para frenar la ola de contagios.

Finalmente, el Gobierno optó por imponer medidas restrictivas mediante una orden de Sanidad amparada en el Consejo Interterritorial de Sanidad, aspecto que varias voces del propio Ejecutivo ya dudaban de su legalidad, según indicaron a Servimedia.