Así lo pone de manifiesto la fundación europea en su informe anual sobre el salario mínimo en los países europeos correspondiente a 2020.

Destaca que España, la República Checa y Hungría son los países en los que se observan mayores diferencias entre sus territorios en cuanto al porcentaje de trabajadores que gana un salario entre el 90% y el 110% del mínimo fijado.

En base a los datos europeos sobre ingresos y condiciones de vida de 2018, para España calcula un rango de diferencia desde el 1,4% de los trabajadores que percibe una cuantía en el entorno del SMI en Ceuta hasta el 10,3% en Extremadura, pasando por el 10,1% en las Islas Canarias. Esto muestra que “es importante considerar la dimensión regional del salario mínimo en la acción política”, según el informe.

Añade que en España “solo” ganan un salario cercano al SMI el 5% de los trabajadores, y ante las variaciones entre regiones pide tener en cuenta esa dimensión territorial a la hora de fijar el SMI y estimar su impacto en el mercado laboral.

En el caso de la República Checa, el rango de diferencia entre territorios oscila del 1,2% al 6,7%, y en Hungría, del 14,7% al 21,9%, con lo que la diferencia en puntos porcentuales en España es la más acusada.

El Gobierno acordó con los agentes sociales elevar el SMI en 2020 un 6%, a 950 euros mensuales por 14 pagas, equivalente a 1.108 euros en 12 pagas.

España es el octavo país con mayor sueldo mínimo de los 22 países analizados, incluido Reino Unido. Luxemburgo sigue teniendo el más elevado, en 2.142 euros mensuales, tras subir un 3% en 2020. La subida mediana en este año es de un 8,4% y corresponde al salario mínimo de Portugal, en 740 euros.

El Gobierno español tiene el mandato legal de fijar el SMI, previa consulta con los agentes sociales, teniendo en cuenta la evolución de los precios, la productividad nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Ante la posibilidad de que se pueda congelar para 2021, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha rechazado públicamente esa opción mientras que desde el departamento de Trabajo y Economía Social se remiten a lo que se negocie con los agentes sociales.