En un comunicado, UGT se refirió a la sentencia del Supremo conocida hoy que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las empresas Erilla Fruit, Agro Jabonero y Sat Costaluz en el que solicitaban la nulidad del decreto que elevó el SMI un 22,3% para 2019 y lo situó en 900 euros mensuales.

A juicio de UGT, el fallo “debe poner fin a las reticencias de determinados empresarios” para aplicar dicha subida, particularmente en el sector del campo.

UGT pidió una reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores que regula la fijación del SMI cada año, previa consulta con los agentes sociales, y teniendo en cuenta el IPC, la productividad nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.

El objetivo de dicha reforma es dar “mayor seguridad jurídica” en cuanto a la actualización y la aplicación efectiva del SMI, según el sindicato.