El presidente de Intecsa-Inarsa y exdirigente de Fidex, Diego Ibáñez, sostuvo este miércoles que, sin este mecanismo, sólo sería posible destinar fondos a proyectos ya licitados o en ejecución. Intecsa-Inarsa es una de las principales empresas ingenieras en España.

Ibáñez apunta que el tiempo habitual de tramitación del expediente previo a la apertura del procedimiento de adjudicación es de hasta dos años. Ese periodo de tiempo sería “demasiado extenso” para poder destinar parte del Fondo de Reestructuración europeo a “cualquiera de las muchas actuaciones pendientes en España en materia de infraestructuras”.

En España están pendientes más de 800 actuaciones en materia de transportes, agua y medio ambiente, según el informe “Infraestructuras pendientes y prioritarias, un país por completar”, elaborado por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras aportado por la compañía de ingeniería.

En esta coyuntura, desde Intecsa-Inarsa sostienen que las infraestructuras pueden convertirse en motor de recuperación de la economía del país y ayudar en la creación de empleo de calidad.

La ingeniera recordó que la contratación por emergencia está prevista en la legislación vigente, concretamente en el Real Decreto Ley 7/2020 de 12 de marzo que declaró el Estado de Alarma y apostó por utilizarla ahora. Este mecanismo se legisló con la finalidad de atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente a la pandemia.

Según Intecsa-Insarsa, la utilización de este Real Decreto reduciría los plazos de licitación, adjudicación y formalización a la mitad y el plazo de inicio de los trabajos no excedería de un mes desde la formalización del contrato.