De los 765 menores que perdieron a sus madres como consecuencia de estos crímenes, 499 eran hijos o hijas de los agresores, mientras que los 266 restantes eran resultado de relaciones previas o posteriores de las víctimas.

Sólo 105 de estos huérfanos reciben una prestación o pensión de orfandad. "Si bien esta ayuda ha supuesto una mejora considerable para las familias más vulnerables, recordamos que no cuenta con una cobertura universal de las familias que se hacen cargo de los huérfanos y las huérfanas de la violencia de género. Fundamentalmente porque está condicionada al nivel de renta de las familias y porque el requisito de orfandad absoluta asimilable deja fuera supuestos que pueden darse de forma habitual. Por ejemplo, aquellos en los que el padre no sea el condenado por el asesinato u homicidio o los casos en los que las familias adopten a los huérfanos como consecuencia de los crímenes de violencia de género", destacó García Cazorla en rueda de prensa virtual.

Para ayudar a estos huérfanos y a sus familias nació el Fondo de Becas Soledad Cazorla hace cuatro años, que en 2019 dedicó 57.000 euros para este fin. De media, cada una de las becas aprobadas el año pasado ha sido de 1.781,25 euros. Entre los beneficiarios de las mismas, hay cinco mayores de edad y 27 menores de edad. Las cinco personas mayores de edad estaban cursando, en el momento de la solicitud, estudios superiores de distinta naturaleza. Una de ellas, un grado universitario; otras dos, un máster, y las tres restantes, sendos grados superiores. Los niveles de educación de los 27 menores de edad son variados, incluyendo educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato.